El Ministerio de Defensarespondió a las denuncias públicas sobre presuntos seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, y negó de manera categórica el uso del software Pegasus o la existencia de una supuesta “misión de inteligencia” para vigilar funcionarios. La cartera aseguró que las acusaciones difundidas en redes sociales y algunos medios carecen de sustento y contienen información falsa.
Según informó el Ministerio, desde el pasado 13 de enero de 2026, fecha en la que tuvo conocimiento de los hechos denunciados, expresó su solidaridad con el ministro de Justicia (e) y activó de inmediato todas las capacidades institucionales dentro del marco de sus competencias. Además, se inició una articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y otras entidades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
Como parte de las acciones iniciales, ese mismo día se convocó una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta, presidida por el ministro de Defensa, con la participación del alto mando militar, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y los responsables de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares. En dicha sesión se impartieron instrucciones para verificar los hechos denunciados y garantizar el suministro oportuno de información a los organismos de investigación y control.
Inspecciones internas y conclusiones preliminares
El Ministerio explicó que, dado que únicamente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, se ordenaron inspecciones internas focalizadas en los hechos objeto de la denuncia. Estas revisiones se realizaron entre el 13 y el 15 de enero de 2026.
Como resultado preliminar, la cartera de Defensa confirmó que ninguna entidad del sector posee ni utiliza el software Pegasus, desmintiendo así uno de los principales señalamientos. Asimismo, negó la autenticidad de un documento divulgado como una supuesta “misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia”, asegurando que no fue expedido, autorizado ni suscrito por el Ministerio ni corresponde a acto administrativo alguno.
De acuerdo con la entidad, el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente. Por esta razón, advirtió que su elaboración y difusión podrían constituir una conducta punible, lo que deberá ser evaluado por las autoridades judiciales competentes.
Aclaración sobre presuntos responsables
Frente al señalamiento del sargento viceprimero Darwin Ramírez como supuesto ejecutor de órdenes de seguimiento, el Ministerio fue enfático en afirmar que el sector defensa no emite ni tolera órdenes ilegales. Precisó además que el uniformado no cumple funciones de inteligencia ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.
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Desde hace más de tres años, indicó la entidad, el sargento Ramírez hace parte del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa, con labores limitadas a la coordinación de esquemas de protección para personas en situación de riesgo, en estricto cumplimiento de la ley.
Llamado a la confianza y a la denuncia
El Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto por los derechos fundamentales. Aseguró que continuará colaborando con las investigaciones en curso e invitó a quienes tengan información relevante a ponerla en conocimiento de las autoridades. Para ello, recordó que está habilitada la línea anticorrupción 157, con garantía de reserva, como parte de su política de integridad y lucha contra la corrupción.
