La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En su revisión, la Contraloría identificó fallas asociadas a sobrecostos y pagos sin soporte. Además, alertó por un inicio inoportuno del PAE de cara al calendario escolar de 2026.
¿De dónde sale la cifra?
La Contraloría separó el total en dos grandes bloques:
El primero corresponde a auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinados al PAE 2024, auditados en 2025. Allí se registraron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, asociados principalmente a sobrecostos y pagos sin soportes de ejecución.
El segundo bloque se relaciona con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) usados para financiar PAE en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, en las vigencias 2021-2024. En ese componente, la Contraloría reportó hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones, por deficiencias en etapas de los procesos contractuales y por el cumplimiento de lineamientos técnicos y nutricionales del programa.
¿Qué es un hallazgo con presunta incidencia fiscal?
En lenguaje de la Contraloría, un hallazgo con presunta incidencia fiscal no es una sanción ni una condena. Es un señalamiento técnico de posible daño al patrimonio público, sustentado en auditoría, que activa un camino institucional.
La consecuencia práctica es clara: ese hallazgo habilita a la Contraloría para abrir actuaciones de control fiscal, solicitar explicaciones y revisar soportes. Si el proceso de responsabilidad fiscal concluye que hubo detrimento y responsables, la Contraloría puede ordenar la restitución de recursos, según el procedimiento vigente.
El punto de fondo: contratar y pagar con evidencia
Los dos patrones que repite el informe apuntan al corazón operativo del PAE: contratación y ejecución.
En pocas palabras, el problema no es solo pagar caro. Es pagar sin poder demostrar, con actas, entregas y verificaciones, qué se prestó, cuándo se prestó y bajo qué condiciones. Y, al mismo tiempo, tener debilidades en el proceso contractual y en el cumplimiento de estándares nutricionales que existen para proteger la calidad del servicio.
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¿Qué está en juego para familias y colegios?
El PAE se siente en el día a día. Si el programa se retrasa, el impacto no es abstracto: estudiantes que empiezan clases sin la ración prevista y colegios que deben manejar la presión cotidiana de ese vacío.
La alerta de la Contraloría sobre el inicio tardío pone el foco en un incentivo conocido: cuando los contratos salen tarde o quedan mal armados, se abre espacio para improvisación, menor control y mayor riesgo de pagos sin soporte. Eso no necesita grandes interpretaciones: afecta el arranque y complica la supervisión.
¿Qué sigue?
En el procedimiento formal, lo que sigue es que la Contraloría avance con las actuaciones derivadas de los hallazgos, pida información y evalúe responsabilidades y recuperación de recursos cuando corresponda.
El dato central del informe no es solo el monto. Es el recordatorio de que el PAE depende de algo simple: contratos a tiempo, pagos con soporte y controles que funcionen desde el primer día de clase.
