El presidente Gustavo Petro anunció que propondrá modificar la Ley 30 de 1992, norma que regula la educación superior en Colombia. El objetivo, según dijo, es que la gratuidad universitaria deje de estar focalizada y sea entendida como parte del derecho al saber.
Petro anuncia una nueva discusión sobre la Ley 30
El presidente Gustavo Petro confirmó que llevará al Consejo de Ministros televisado de este martes 16 de junio una propuesta para modificar la Ley 30 de educación superior, con el fin de ampliar el alcance de la gratuidad en las instituciones públicas.
El mandatario afirmó en su cuenta de X que hablará de cambiar la norma para que la gratuidad sea parte del “derecho al saber”. También sostuvo que el beneficio no debería depender de la condición económica de los estudiantes, sino aplicar para cualquier persona que acceda a la educación superior pública.
La propuesta todavía no tiene un articulado público conocido. Por ahora, el anuncio abre una discusión sobre el alcance de la política de matrícula gratuita, los recursos necesarios para financiarla y el papel que tendría el Congreso en una eventual reforma.
La Ley 30 de 1992 es una de las normas centrales del sistema universitario colombiano. Define la educación superior como un servicio público cultural, posterior a la educación media, y establece reglas sobre autonomía universitaria, calidad, inspección, vigilancia y organización de las instituciones.
¿Qué cambiaría con la propuesta?
El punto central del anuncio está en la diferencia entre una gratuidad focalizada y una gratuidad universal. En la práctica, la política vigente ya permite cubrir la matrícula de estudiantes de pregrado en instituciones públicas, pero opera bajo reglas de acceso, validación y disponibilidad presupuestal.
La Ley 2307 de 2023 estableció la gratuidad en programas de pregrado de instituciones de educación superior públicas y ordenó al Gobierno garantizar la financiación necesaria para cubrir el valor de la matrícula. Sin embargo, esa política se implementa de manera progresiva y sujeta al Marco Fiscal y al Marco de Gasto de Mediano Plazo.
El Ministerio de Educación también ha presentado la política “Puedo Estudiar” como el mecanismo para eliminar barreras económicas en el acceso a la educación superior. Según la cartera, el beneficio aplica en instituciones públicas y contempla requisitos como estar matriculado en programas de pregrado registrados en el SNIES, además de criterios asociados a estrato, Sisbén, población víctima, comunidades étnicas, discapacidad, campesinado y otros grupos.
La intención de Petro, según lo anunciado, sería mover esa discusión hacia una fórmula más amplia: que la gratuidad no dependa de filtros socioeconómicos. Eso implicaría revisar el diseño de la política, su financiación y su sostenibilidad dentro del presupuesto público.
El Gobierno ha defendido que la gratuidad es una de sus principales apuestas educativas. El Ministerio de Educación informó que entre 2023 y 2025 se invirtieron $6,8 billones y que el número de estudiantes beneficiados pasó de 690.000 a 930.000, con una cobertura cercana al 97 % de los estudiantes de pregrado en instituciones públicas.
El anuncio ocurre en un momento político sensible, a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Además, el periodo legislativo está cerca de terminar, por lo que cualquier cambio de fondo dependería del trámite que pueda surtirse en el Congreso o de las decisiones que tome el próximo Gobierno.
Por ahora, lo que sigue es conocer los detalles que Petro presente en el Consejo de Ministros. Hasta que exista un texto formal, no está claro si la propuesta modificará solo aspectos de gratuidad, si tocará la financiación general de las universidades públicas o si abrirá una reforma más amplia al sistema de educación superior.
