El futuro de la primera emergencia económica y social decretada durante el gobierno de Gustavo Petro quedó en manos de la Corte Constitucional, tras el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, que pidió declarar inconstitucional la mayoría del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025.
El documento, firmado por el procurador Gregorio Eljach y enviado al despacho del magistrado Carlos Camargo, sostiene que únicamente las disposiciones relacionadas con el aseguramiento en salud cumplen los requisitos constitucionales para mantenerse vigentes.
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Salud y equiparación de la UPC, el único punto avalado
El Ministerio Público consideró válida la financiación adicional destinada a equiparar la prima pura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), al señalar que estos recursos son fundamentales para garantizar el derecho a la salud.
En el expediente RE-387, la Procuraduría argumentó que el sistema de salud enfrenta tensiones acumuladas desde hace décadas, con antecedentes como la Sentencia T-760 de 2008, además de factores como cambios demográficos, aumento de enfermedades raras, mayores costos por innovación tecnológica y problemas de sostenibilidad financiera.
Según el concepto, la crisis fiscal y de iliquidez agravó este panorama, lo que sí justificaría una medida excepcional en este frente.
Déficit de $16 billones y suspensión provisional
La emergencia fue declarada para enfrentar un déficit estimado de $16 billones en el presupuesto de 2026, a través de tributos y medidas extraordinarias. Sin embargo, desde enero de 2026 la Corte suspendió provisionalmente sus efectos para evitar “daños irreparables” en el recaudo tributario.
El alto tribunal deberá pronunciarse antes del 16 de abril, mientras que la ponencia de fondo deberá estar radicada antes del 11 de marzo.
En contraste, la Procuraduría pidió declarar inexequibles las disposiciones relacionadas con recursos para defensa, la Unidad Nacional de Protección, atención de desastres naturales, pago de sentencias judiciales y obligaciones atrasadas del Estado.
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El concepto señala que estos asuntos no tienen una conexión directa, específica y necesaria con la crisis invocada por el Ejecutivo, y que varios responden a problemas estructurales o fallas de planeación.
Aunque no es vinculante, el dictamen será determinante para que la Corte defina si mantiene parcialmente o tumba en su totalidad el decreto que formalizó la emergencia económica en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo.
