El brutal atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá el pasado sábado 7 de junio, conmocionó al país no solo por la violencia del acto, sino por el perfil del presunto autor: un menor de apenas 14 años.
El joven que fue capturado el mismo día del ataque, se recuperó de una herida de bala propinada por uno e los escoltas del esquema de seguridad de Miguel Uribe ya compareció ante un juez que le imputó dos cargos: tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Lo cierto es que la investigación policial ha comenzado a arrojar luces sobre la vida del joven sicario, revelando un panorama de vulnerabilidad social, abandono familiar y una preocupante facilidad para ser cooptado por estructuras del crimen organizado.
El adolescente, actualmente bajo custodia policial vivía en la localidad de Engativá bajo el cuidado de una tía materna.
Su madre falleció cuando él era aún muy pequeño, a los 23 años, y su padre reside en Polonia, lejos de cualquier rol activo en la vida del menor. La única figura paterna que acudió tras su captura fue un tío, quien confirmó estos detalles.
Este entorno familiar inestable fue determinante, según los investigadores, para que el joven fuera blanco fácil de redes criminales que lo usaron como instrumento de un atentado premeditado. Su caso refleja la creciente instrumentalización de menores por parte de organizaciones delictivas que aprovechan el abandono estatal y familiar.
El día del ataque
Los hechos se desencadenaron en el barrio Modelia de la capital, mientras el senador Uribe Turbay participaba en un evento político en un parque público. Videos grabados por asistentes muestran al menor acercándose por la espalda al congresista y disparando directamente a su cabeza. Tras el atentado, se desató un intercambio de disparos con los escoltas del político, durante el cual el joven resultó herido.
Intentó huir mientras disparaba a los guardaespaldas, pero fue reducido a pocos metros del lugar del ataque. Testigos afirman que, al ser capturado y ante la amenaza de linchamiento por parte de la multitud, el menor gritó: “¡Yo les puedo dar los números, déjeme darle los números!”, en lo que se interpreta como una posible oferta de colaboración para delatar a los autores intelectuales del atentado.
Una historia de fracaso institucional
El presidente Gustavo Petro, en un pronunciamiento desde su cuenta en X (antes Twitter), confirmó que el joven ya había sido identificado previamente por programas sociales del Distrito debido a su comportamiento conflictivo. Según el mandatario, el menor fue incluido en el programa "Jóvenes en Paz", pero abandonó el proceso voluntariamente tras solo dos meses y sin haber asistido a clases.
“Demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”, dijo Petro, señalando que la desatención prolongada de estos casos termina facilitando el reclutamiento criminal.
Aunque la ley colombiana impide que un menor de edad sea juzgado como adulto, el presunto sicario podría enfrentar hasta 8 años de reclusión en un centro especializado para adolescentes, según el Código de Infancia y Adolescencia. Entretanto, la Fiscalía allanó la vivienda del joven en Engativá como parte de las diligencias para identificar a los autores intelectuales detrás del intento de magnicidio.
Las autoridades también investigan el papel de una mujer que conversó con el joven minutos antes del ataque. Esta persona ya se entregó a la justicia y su testimonio podría ser clave para desarticular la red que planeó el atentado.
Una radiografía del reclutamiento de menores
Este caso revive el debate sobre el uso de menores en actividades delictivas y el rol del Estado en prevenir estos escenarios. La combinación de pobreza, desarraigo afectivo y falta de oportunidades crea un caldo de cultivo perfecto para que estructuras ilegales incorporen a niños y adolescentes como sicarios o mensajeros del crimen, algo a lo que hizo referencia la fiscal, Luz Adriana Camargo en medio de la rueda de prensa.
