La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en el proceso de elaboración y distribución de pasaportes en Colombia.
De acuerdo con la entidad, los exfuncionarios podrían haber incurrido en faltas relacionadas con los principios de planeación y responsabilidad, mientras que Saade estaría comprometido en una posible extralimitación de funciones.
Irregularidades en el proceso de adjudicación
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, los excancilleres no habrían estructurado de forma eficiente y oportuna el proceso de adjudicación del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
En el caso de Luis Gilberto Murillo, se señala el uso indebido de una declaratoria de urgencia manifiesta en septiembre de 2024, con la que se permitió que la firma Thomas Greg and Sons continuara encargada del proceso, pese a los cuestionamientos sobre la continuidad del contrato.
Por su parte, Laura Sarabia habría conocido desde abril de 2025 que el nuevo modelo propuesto con la Casa de la Moneda de Portugal no era viable en los tiempos proyectados y que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad operativa necesaria para asumir el proceso.
Saade habría ordenado demoras en las citas
La Procuraduría también señaló que Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial, habría dado órdenes directas a funcionarios de la Cancillería para racionalizar y demorar la asignación de citas para la expedición de pasaportes. La medida fue cuestionada por la entonces canciller Sarabia, quien aseguró que Saade sostuvo reuniones con su equipo de trabajo sin tener competencia para hacerlo.
Preocupaciones por la transición tecnológica
El Ministerio Público expresó su preocupación por la viabilidad de la transición tecnológica para producir pasaportes en el país. En ese contexto, se realizó recientemente una visita a la Cancillería para evaluar si el servicio corre riesgo de interrupción.
Desde la Cancillería se indicó que el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal se firmaría en septiembre, y que se requerirían 35 semanas para alistar la producción nacional de libretas, ajustándose a los estándares internacionales.
Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer si hubo responsabilidades disciplinarias que comprometieron la correcta planeación y ejecución de un servicio clave para la ciudadanía como lo es la expedición de pasaportes.
