El excanciller Álvaro Leyva se pronunció públicamente tras el inicio del juicio en su contra, en una declaración en la que no solo defendió su actuación, sino que también lanzó nuevas y contundentes críticas contra el presidente Gustavo Petro, intensificando el clima de confrontación política en el país.
En su intervención, Leyva cuestionó la legitimidad del proceso judicial que enfrenta, sugiriendo que este estaría enmarcado en un contexto de persecución política. Según el exfuncionario, su situación no puede desligarse del actual panorama nacional, en el que —afirma— existe una creciente polarización y un uso indebido de las instituciones.
Sin embargo, lo que más ha generado controversia son los señalamientos que dirigió contra el jefe de Estado. Leyva aseguró que, durante una visita oficial a Lisboa, el presidente Petro habría tenido comportamientos cuestionables, incluyendo supuestos vínculos con una red de trata de personas. Estas afirmaciones no han sido corroboradas por autoridades ni acompañadas de pruebas públicas, pero han encendido el debate en distintos sectores políticos.
Adicionalmente, el excanciller sostuvo que el mandatario suele presentarse en eventos públicos bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, una acusación que también carece de confirmación oficial. En su discurso, Leyva insistió en que el lenguaje del presidente contribuye a profundizar las divisiones sociales, señalando que su retórica promueve el enfrentamiento entre distintos sectores de la ciudadanía.
Otro de los puntos abordados por Leyva fue la supuesta existencia de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos sobre posibles nexos entre el entorno del presidente y redes del narcotráfico. Al igual que otras declaraciones, esta afirmación no ha sido respaldada por pronunciamientos oficiales de organismos internacionales o judiciales.
En el ámbito político, el exministro vinculó directamente su proceso judicial con lo que considera una estrategia del Gobierno para afectar a la oposición. En ese sentido, advirtió sobre presuntas interceptaciones ilegales a candidatos contrarios al oficialismo de cara a las próximas elecciones, una denuncia que, de comprobarse, tendría graves implicaciones para la transparencia democrática.
Leyva también hizo una comparación con procesos electorales recientes en la región, mencionando el caso de Chile como referencia. Según su análisis, existiría una intención de generar desconfianza en los resultados electorales en Colombia, lo que podría debilitar la institucionalidad y la credibilidad del sistema democrático.
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Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del excanciller. Analistas políticos han señalado la necesidad de que estas acusaciones sean tratadas con responsabilidad y, en caso de ser pertinentes, investigadas por las autoridades competentes.
El pronunciamiento de Leyva se produce en un momento de alta tensión política, en el que los cruces de declaraciones entre figuras públicas continúan marcando la agenda nacional. Mientras avanza su proceso judicial, sus palabras abren un nuevo capítulo en el debate político colombiano, caracterizado por la confrontación y la incertidumbre.
