El departamento de Antioquia anunció que no aplicará los impuestos creados por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica y social, hasta tanto la Corte Constitucional adopte una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto. La Gobernación informó que la determinación se sustenta en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que la medida “amenaza la autonomía fiscal de las regiones” y genera una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales.
La postura fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien en días recientes había expresado su rechazo y preocupación frente al decreto expedido por el Ejecutivo. A su juicio, la declaratoria de emergencia constituye un exceso del poder central y refleja una visión centralista que podría comprometer la estabilidad fiscal del país y de las entidades territoriales.
Rendón señaló que las justificaciones presentadas por el Gobierno para acudir a las facultades extraordinarias no cumplen los criterios de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución. En ese sentido, afirmó que el hundimiento de la ley de financiamiento hace parte del normal funcionamiento del sistema democrático y no puede ser utilizado como argumento para modificar, vía decreto, el sistema tributario.
“Esta emergencia económica constituye un nuevo abuso de poder y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que nos tiene acostumbrados este Gobierno. En vez de recortar la burocracia excesiva y el empleo militante, el nivel central mantiene el derroche”, afirmó el mandatario departamental.
Uno de los principales reparos de la Gobernación se centra en que el decreto incluye cambios en impuestos con destinación territorial, como el gravamen al consumo de licores y cigarrillos, que representan una fuente clave de ingresos para los departamentos. Según el gobernador, la aplicación inmediata de estas medidas tendría un impacto negativo directo sobre la capacidad financiera de Antioquia.
La decisión de no aplicar el decreto, explicó Rendón, busca evitar un perjuicio económico irremediable mientras se surte el control automático de constitucionalidad ante la Corte. “Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, sostuvo.
El gobernador recordó que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta prevista en la Carta Política que permite a las autoridades abstenerse de aplicar normas que, de manera evidente, contraríen la Constitución. Desde su perspectiva, el decreto desborda los límites constitucionales al intervenir el sistema fiscal sin cumplir los requisitos de finalidad y necesidad.
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En ese contexto, Rendón fue enfático en advertir que la urgencia del Gobierno nacional no puede convertirse en un “cheque en blanco” para imponer tributos por fuera del diseño constitucional. “La Constitución es la norma de normas. Ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra Carta Magna”, subrayó.
La posición de Antioquia coincide con la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también ha cuestionado el decreto y anunció acciones ante la Corte Constitucional por sus posibles consecuencias económicas y jurídicas para el Distrito. Mientras el alto tribunal emite su pronunciamiento, la Gobernación reiteró que mantendrá la inaplicación del decreto en defensa de la autonomía fiscal regional y del respeto estricto al orden constitucional.
