La suspensión de órdenes de captura contra cabecillas criminales desató un choque directo entre la Fiscalía y las autoridades de Antioquia.
El gobernador Andrés Julián anunció que interpondrá una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que frena las capturas de 23 cabecillas que operan en el departamento, al considerar que la medida es ilegal y pone en riesgo la seguridad de la región.
El anuncio se produjo tras un Consejo de Seguridad en Medellín, donde el mandatario, junto a alcaldes del Valle de Aburrá y delegados de otros municipios, expresó su rechazo a la decisión y advirtió que contradice las estrategias que se vienen implementando en el territorio.
La Gobernación confirmó que la demanda será radicada una vez finalice la vacancia judicial de Semana Santa, con el objetivo de suspender los efectos de la resolución mientras se define su legalidad.
Pero el mensaje del gobernador no se quedó en lo jurídico.
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El mandatario cuestionó que se suspendan órdenes de captura contra personas vinculadas a delitos graves y que ya han pasado por procesos judiciales, señalando que esto puede generar riesgos para víctimas, testigos, jueces y miembros de la Fuerza Pública.
Además, advirtió que la medida se adopta en un momento sensible para el país, a pocos meses de las elecciones, lo que podría impactar las condiciones de seguridad en la región.
Durante el Consejo de Seguridad, alcaldes como los de Itagüí y Envigado respaldaron la posición del Gobierno departamental y alertaron que la decisión va en contravía de los esfuerzos locales para contener la criminalidad.
El gobernador también hizo un llamado directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que revise la medida y tenga en cuenta la situación de los territorios, insistiendo en que decisiones de este tipo no pueden tomarse sin articulación con las autoridades locales.
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El caso se suma al debate nacional sobre la política de seguridad y los alcances de las medidas relacionadas con la llamada “paz total”, especialmente frente a estructuras criminales que ya han sido judicializadas.
Por ahora, Antioquia se prepara para llevar el caso a los tribunales en un pulso que podría escalar a nivel nacional.
