La administración del presidente Gustavo Petro firmó varios contratos con los negociadores de paz, a pesar de que algunos de los diálogos se encuentran suspendidos. Entre los más destacados está el de Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Grabe recibió un contrato por $175 millones, con una duración de siete meses y vigencia hasta febrero de 2026. Según el documento, su labor consiste en prestar servicios profesionales especializados como jefa de la delegación, bajo las directrices del presidente y la Consejería de Paz. La contratación se realizó por régimen especial.
Lo que genera polémica es que las conversaciones con el ELN fueron suspendidas por el propio Petro en enero de 2025, luego de la masacre en el Catatumbo, cuando calificó los hechos como “crímenes de guerra”.
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Otros contratos en la política de ‘paz total’
Además del caso de Grabe, se conocieron otros contratos otorgados en el marco de la política de paz. Entre ellos están:
- Fabio Valencia Cossio, negociador con las disidencias de las Farc, con un contrato de $117 millones por seis meses.
- Feliciano Valencia, también por $117 millones, con vigencia hasta febrero de 2026.
- Genny Calvo Olmos, con contrato por $117 millones, que finaliza en marzo de 2026.
Todos los documentos establecen que los contratistas actuarán como representantes autorizados del Gobierno en diferentes mesas de diálogo, siguiendo instrucciones presidenciales y de la Consejería de Paz.
Los contratos revelados han generado críticas, en especial porque se mantienen vigentes a pesar de la suspensión de algunos procesos de negociación. La oposición cuestiona la eficacia de la política de ‘paz total’, mientras el Gobierno defiende la necesidad de mantener la estructura y preparación de sus equipos negociadores.
El tema se suma a la tensión en el país por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones, lo que mantiene el debate sobre el futuro de la paz en Colombia en el cierre del mandato de Petro.
