El Gobierno Nacional alista la declaratoria de emergencia económica como respuesta al desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación, luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento que debía respaldar parte de los ingresos aprobados para 2026. Así lo confirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, quien aseguró que la medida busca atender riesgos fiscales, sociales y de seguridad que, según el Ejecutivo, no tienen precedentes recientes.
De acuerdo con el ministro, uno de los hechos que sustenta la emergencia es la decisión del Congreso de aprobar un presupuesto sin las fuentes completas de financiación.
“El primer hecho sobreviniente y protuberante es que en los últimos 25 o 30 años no existe ningún antecedente en el cual el Congreso de la República apruebe un presupuesto asociado a una Ley de Financiamiento y dos meses después el mismo Congreso niegue la Ley”, afirmó.
Salud, subsidios y obligaciones constitucionales
Ávila explicó que el hundimiento de la ley genera impactos directos en sectores sensibles. Uno de ellos es el sistema de salud, tras una orden de la Corte Constitucional.
“La Corte ha demandado al Ministerio de Salud que realice un equiparamiento de la unidad por capitación entre el sistema subsidiado y el contributivo, lo que tiene un costo cercano a $3,3 billones. Producto de la decisión del Congreso, se crea un desequilibrio y un desfinanciamiento del presupuesto nacional”, señaló.
También advirtió riesgos en el pago de subsidios a la energía, especialmente en la región Caribe, donde los estratos 1, 2 y 3 dependen de estos recursos para el sostenimiento de sus hogares. A esto se suma el posible incumplimiento de obligaciones constitucionales como las vigencias futuras, que representan cerca de $15 billones anuales, así como el pago de sentencias judiciales.
Seguridad y presión fiscal
El ministro de Hacienda añadió que la coyuntura de orden público también influye en la decisión.
“Hemos tenido recientemente ataques a la fuerza pública en departamentos como Cesar y Cauca, donde organizaciones armadas están utilizando drones para afectar infraestructura militar y poblaciones cercanas (…) Esta circunstancia obliga a equilibrar la inversión para las fuerzas armadas con el propósito de asegurar desarrollos tecnológicos en sistemas antidrones”, afirmó.
Según el Gobierno, la emergencia económica permitiría adoptar medidas tributarias de forma expedita para recuperar los recursos faltantes.
“La emergencia efectivamente pretende un recaudo de $16.3 billones. Vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de decretos reglamentarios podamos compensar esos $16.3 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República”, explicó Ávila.
¿Qué sigue?
El ministro indicó que el decreto de emergencia económica será presentado en las próximas horas y que los decretos reglamentarios se expedirán a más tardar en los primeros días de la próxima semana. Los nuevos recursos, aclaró el Ministerio de Hacienda, mantendrán el mismo enfoque de la Ley de Financiamiento hundida: recaudo tributario sin afectar a la población más vulnerable.
El Gobierno espera que la Corte Constitucional evalúe la medida y los decretos que la acompañen, al considerar que se trata de una respuesta jurídicamente sustentada frente a una perturbación grave del orden económico y social.
Según la Constitución, el estado de emergencia faculta al presidente para expedir decretos con fuerza de ley cuando se presenten hechos que amenacen de manera grave e inminente la estabilidad económica y social del país, con el objetivo de enfrentar la crisis y evitar que sus efectos se profundicen.
