La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente utilizar su cargo para favorecer intereses particulares en la adjudicación de un proyecto relacionado con una empresa del grupo empresarial.
Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que existen elementos que permiten inferir razonablemente que Roa pudo incurrir en conductas delictivas relacionadas con los hechos investigados.
Según el ente acusador, los hechos habrían ocurrido en Bogotá entre agosto de 2024 y enero de 2025.
Además, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol, cargo que ocupa desde abril de 2023, para influir en decisiones dentro de Hocol, una de las compañías del grupo empresarial.
La investigación señala que el directivo habría solicitado al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, beneficiar al empresario Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio dentro de la compañía.
Proyecto de regasificación Chuchupa Ballena
La Fiscalía sostuvo que Roa habría instruido a Rojas para adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa Ballena NG a la empresa Gaxi SA ESP, propiedad de Mancera.
Según el relato, la instrucción se habría dado en varias reuniones privadas entre ambos directivos.
Una de ellas ocurrió el 20 de agosto de 2024, luego de una sesión de junta directiva de Hocol. Posteriormente, ambos asistieron a un almuerzo en un restaurante de Bogotá, donde, según la Fiscalía, Roa habría insistido en que el proyecto debía ser adjudicado a la empresa de Mancera.
Otra reunión habría tenido lugar entre septiembre y octubre de 2024, tras una sesión de la junta directiva en oficinas de Ecopetrol. En ese encuentro, la Fiscalía asegura que Roa reiteró la instrucción de asignar el proyecto a la misma empresa.
Investigación en curso
La Fiscalía indicó que estas actuaciones habrían constituido un uso indebido del cargo para influir en decisiones empresariales en favor de intereses particulares.
Tras la imputación, el proceso judicial continuará mientras el directivo ejerce su derecho a la defensa frente a los cargos formulados por el ente acusador.
