El 1 de junio de este año se inició una investigación formal contra las populares tiendas D1, tras diversas denuncias presentadas por trabajadores y sindicatos de la empresa. Las acusaciones incluyen presunta explotación laboral, jornadas prolongadas sin pago de horas extras, sobrecarga de funciones y casos de acoso laboral. El tema cobró relevancia en los últimos días debido al intenso debate que se generó en redes sociales, donde algunos usuarios también critican a las tiendas de formato hard discount por afectar a los pequeños tenderos y comercios locales.
En este contexto, a finales de junio el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una inspección en una sucursal ubicada en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, Bogotá. Durante la visita se identificaron riesgos físicos y biológicos, lo que llevó al cierre temporal del establecimiento. Esta situación motivó nuevas inspecciones en otras sedes y aumentó las sospechas sobre posibles irregularidades en las condiciones laborales. Como resultado, se ordenó la intervención urgente de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para evaluar el entorno de trabajo en las tiendas D1.
¿Qué denuncian los trabajadores?
Entre las denuncias más frecuentes presentadas por empleados de D1 se encuentran las jornadas laborales excesivas sin pago de horas extras. Algunos trabajadores aseguran cumplir turnos de hasta 12 horas sin recibir la compensación correspondiente. También se reporta una multifuncionalidad extrema, donde, en ciertos casos, un solo empleado debe asumir hasta 27 tareas distintas, incluyendo atención al público, descarga de mercancía, limpieza y labores de seguridad.
Una de las acusaciones más controvertidas es la supuesta obligación de asumir pérdidas: se alega que los trabajadores son presionados para cubrir costos derivados de productos vencidos o robos. Además, denuncian situaciones de acoso laboral y señalan que existen represalias contra quienes exigen sus derechos o se niegan a aceptar funciones impuestas fuera de su contrato.
Por su parte, la cadena D1 afirmó que, hasta el momento, no ha sido notificada formalmente de ninguna acusación en su contra. Sin embargo, aseguró que, de presentarse cargos, responderá “haciendo uso de todos los mecanismos legales para demostrar el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones”. La empresa también sostuvo que mantiene un firme compromiso con el bienestar de sus 24.600 empleados y atribuyó la controversia a desinformación, intereses políticos o coyunturales.
Aunque el caso de D1 ha sido uno de los más mediáticos, no es el único. El Ministerio del Trabajo adelanta cerca de 75 investigaciones similares contra otras empresas del mismo sector. En el corto plazo, se prevé que el Ministerio inspeccione más establecimientos de D1 y otras cadenas de bajo costo. Asimismo, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) evaluará los protocolos de seguridad y condiciones laborales.
Hasta ahora, la respuesta institucional ha incluido una investigación acelerada, clausuras preventivas e intervenciones por parte de la ARL. Mientras tanto, D1 continúa rechazando las acusaciones y manifiesta su disposición a cooperar con las autoridades, a la espera de que el debido proceso “aclare objetivamente” los hechos.
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