Lo que comenzó como un crimen en el exterior terminó revelando una compleja trama judicial en Colombia. José Guillermo Hernández, conocido como ‘Ñeñe’ Hernández, fue asesinado el 2 de mayo de 2019 en el estado de Minas Gerais, Brasil, en un hecho que inicialmente fue atribuido a un intento de hurto mientras se movilizaba en un taxi.
El ganadero murió ese mismo día tras el ataque, en medio de versiones que indicaron que los agresores intentaron robarle un reloj Rólex de oro. Su muerte marcó el inicio de una serie de investigaciones que sacaron a la luz los vínculos criminales que rodeaban su figura.
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Un perfil social que ocultaba un trasfondo judicial
Hernández era esposo de María Mónica Urbina, ex Señorita Colombia y representante de La Guajira. La pareja se había casado en 2011 y tenía dos hijos, Manuela y Nicolás. Su cercanía con círculos de poder político y económico contrastaba con los procesos que avanzaban en su contra.
Desde años antes de su asesinato, el ‘Ñeñe’ ya aparecía mencionado en expedientes judiciales, siendo uno de los más notorios la investigación abierta en 2015 por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, en Barranquilla. Una de las hipótesis del caso relacionó el crimen con una deuda superior a 1.000 millones de pesos.
Tras su muerte, en junio de 2019, la Fiscalía General de la Nación anunció la incautación de más de 1,2 billones de pesos a la organización criminal de Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’. En ese proceso, ‘Ñeñe’ Hernández apareció señalado como parte del brazo financiero de esa estructura.
Las autoridades aplicaron medidas de extinción de dominio sobre un amplio patrimonio que incluía 72 inmuebles, cinco estaciones de combustible, 76 vehículos, 949 cabezas de ganado, 10 establecimientos comerciales y 11 empresas.
Juez ordenó devolver parte del patrimonio
Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá resolvió negar la extinción de dominio sobre varios bienes y ordenó devolver parte del patrimonio a la familia de Hernández. El despacho concluyó que la Fiscalía no invocó formalmente la presunción especial contemplada en el artículo 152A de la Ley 1708 de 2014, requisito clave para aplicar ese régimen probatorio.
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Entre los bienes restituidos se encuentran sociedades, inmuebles y semovientes, aunque el fallo también ordenó que otros activos quedaran bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A varios años del asesinato, el nombre del ‘Ñeñe’ Hernández continúa apareciendo en decisiones judiciales y debates sobre extinción de dominio, dejando en evidencia cómo un crimen ocurrido fuera del país terminó exponiendo una estructura de poder, dinero y presuntos nexos criminales que aún generan repercusiones en Colombia.
