El tercer día de paro minero en Boyacá cerró con un importante avance: tras varias jornadas de tensión, bloqueos viales y afectaciones económicas en la región, el Gobierno nacional alcanzó este miércoles un primer acuerdo con representantes del sector carbonero, quienes desde el lunes protestaban por deudas acumuladas y falta de garantías para su actividad.
La situación había escalado rápidamente. Municipios como Paipa, Tópaga, Sogamoso y Tunja se vieron prácticamente paralizados. Se reportaron millones en pérdidas, desabastecimiento de alimentos, cancelación de eventos, como la Convención Nacional de Propiedad Horizontal, y cientos de vehículos represados por los cierres en las principales vías del departamento.
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Frente a la presión social y el impacto económico, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, autorizó el giro de $9.000 millones por parte de la empresa Gensa para saldar parte de la deuda con los mineros. Este monto se suma a los más de $5.000 millones que ya se habían abonado esta semana, reduciendo significativamente el valor pendiente. Con esto, se pactó también el levantamiento de los bloqueos en el occidente del departamento y se agendó una nueva mesa técnica para el 14 de agosto, donde se revisará el cumplimiento de diez compromisos adquiridos.
Cabe mencionar que los puntos a resaltar del gremio minero para levantar completamente el paro son tres:
“Nosotros necesitamos que se garantice un mínimo de generación eléctrica con carbón para poder tener mercado, para poder generar ingresos para nuestros trabajadores mineros y nuestras familias.
También necesitamos que sea clara la política de exportación del carbón. Hay unos países que están interesados en Colombia y deben tener la confianza de que esa comercialización se va a dar en buenos términos. Y, finalmente, pedimos que no se siga generando carga tributaria para el sector, y que los impuestos que tenemos ahora se puedan revisar, porque consideramos que no es justa la tasa que tenemos en este momento”, señaló Yolman Pedraza, vocero de los trabajadores.
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Pedraza también hizo un llamado al Gobierno para que exista una verdadera disposición de escucha y voluntad política para construir soluciones duraderas que protejan el sustento de miles de familias boyacenses.
Aunque la movilización no se ha desactivado por completo, este primer acuerdo abre la puerta a una solución negociada. Comerciantes, transportadores y ciudadanos esperan que la normalidad comience a regresar poco a poco a las vías y a la economía del departamento.
