La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional salió al paso de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien había señalado la existencia de un contrato para la compra del software espía Pegasus. En una respuesta oficial, el subdirector de inteligencia, coronel Sergio Fernando Gómez, desmintió la información, afirmando que no hay registros de tal adquisición en los archivos de la institución.
En respuesta a una solicitud del ciudadano Santiago Suárez Morales, el oficial aclaró que tras una revisión exhaustiva en las áreas contractuales y de sistemas de la Policía, se confirmó que no existe ningún proceso contractual relacionado con el software Pegasus. Además, se destacó que no se asignó ningún rubro para la compra de dicho software, y todos los procesos de contratación de la Dirección de Inteligencia Policial están disponibles para consulta pública en las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP y SECOP I).
Lea también: Colombia Accesible: transformando la inclusión y accesibilidad
"Los procesos de contratación que realiza la Dirección de Inteligencia Policial se encuentran publicados en las plataformas del SECOP y SECOP I, las cuales pueden ser consultadas por cualquier ciudadano de manera pública", indicó la institución.
En relación con las acusaciones de interceptaciones ilegales, la Policía Nacional subrayó que tales prácticas no corresponden a su misión institucional. Según la Policía, la investigación y el juzgamiento de acciones que vulneren el ordenamiento jurídico vigente son competencia de los órganos de persecución penal y disciplinaria, no de su propia dirección de inteligencia.
Finalmente, la Policía Nacional no se pronunció sobre la posible obtención o manejo de datos por parte de instituciones o personas ajenas a su estructura orgánica. La falta de información en estos aspectos se atribuye a que la Policía no tiene control o conocimiento sobre las acciones realizadas fuera de su jurisdicción.
Además: ¿Los influenciadores están obligados a declarar renta?
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente atención pública y mediática sobre el uso de tecnologías de vigilancia y su impacto en la privacidad y los derechos civiles. La aclaración de la Policía Nacional busca despejar dudas y reafirmar la transparencia en sus procedimientos de contratación y operaciones.
