La Procuraduría General de la Nación elevó una fuerte advertencia al país: existe el riesgo de una crisis en el suministro de pasaportes debido a la transición del mecanismo de producción, entrega y logística del documento. La alerta se enmarca en un profundo proceso de reforma iniciado por la Cancillería, que recientemente firmó un convenio con la Imprenta Nacional de Colombia para asumir dichas funciones hasta 2034.
El acuerdo interadministrativo, publicado el viernes 17 de julio en el portal Secop, establece que la Imprenta Nacional pasará a encargarse de la generación de las libretas de pasaporte, su personalización, distribución, custodia y entrega, abandonando el modelo que estaba en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que hasta ahora había gestionado la emisión de este documento desde hace años. El contrato actual con la firma Thomas Greg vence el próximo 31 de agosto, mientras que el nuevo esquema operará formalmente desde abril de 2026, como parte de un cronograma técnico diseñado por la Cancillería.
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¿Por qué hay riesgo de crisis?
Sin embargo, detrás de esta aparente transición institucional, la Procuraduría ha detectado serios riesgos operativos. Una inspección realizada en julio encontró que la infraestructura de la Imprenta Nacional está aproximadamente al 10 % de su capacidad para asumir de forma inmediata este complejo proceso. Además, documentos internos a los que tuvo acceso el Ministerio Público revelan que se requieren hasta 35 semanas (casi nueve meses) para que la Imprenta esté completamente operativa en todas las fases, de acuerdo con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Esta incompatibilidad entre la fecha de terminación del contrato con Thomas Greg (31 de agosto de 2025) y la capacidad real de la Imprenta Nacional para operar representa el epicentro del problema. Según la Procuraduría, de no tomarse medidas inmediatas, es muy probable que millones de colombianos enfrenten demoras prolongadas o incluso imposibilidad de tramitar o renovar sus pasaportes. Se han reportado ya filas masivas en sedes de la Cancillería, junto con instrucciones para “racionar citas” mientras se busca una solución transitoria. El procurador encargado expresó en el cierre del Foro OCDE en Barranquilla que, de no garantizarse la continuidad del servicio, será necesario abrir investigaciones formales e incluso implementar medidas disciplinarias.
Por su parte, la Cancillería reconoce oficialmente la existencia de este desfase. En un derecho de petición admitido por Noticias Caracol y otros medios, la entidad confirmó la necesidad de construir un plan de contingencia que podría incluir la prórroga del contrato con Thomas Greg mediante una figura excepcional, la urgencia manifiesta, para cubrir un periodo estimado entre 9 y 11 meses, hasta que la Imprenta Nacional alcance plena operatividad.
La razón principal de esta crisis potencial radica, por lo tanto, en la brecha temporal: el actual proveedor deja de operar a fines de agosto, y la nueva estructura estatal no estará lista sino en abril de 2026. El retraso comprometido en el cronograma técnico —35 semanas—, sumado a la limitada capacidad instalada de inmediato, crea un escenario donde los ciudadanos se verían temporalmente imposibilitados de obtener este documento clave para viajes, estudios o trámites internacionales.
Además, este proceso no solo implica una transformación operativa, sino también una decisión política: el gobierno pretende “estatizar” un servicio hasta ahora gestionado por una empresa privada acusada de irregularidades. Si bien se argumenta que el nuevo modelo garantiza soberanía y transparencia, los riesgos técnicos y los plazos ajustados han generado cuestionamientos desde la Procuraduría, la oposición y altos funcionarios, incluida la reciente dimisión de la ministra de Relaciones Exteriores.
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