Un acuerdo sobre lo fundamental

Es loable la iniciativa que llevará Colombia a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro para comprometer a la humanidad con cinco nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, propongo que el filantrópico compromiso empiece por casa. Propongo que, ante el rezago del “país rural” frente a los ocho Objetivos del Milenio –que ratificamos hace 12 años para erradicar el hambre– hagamos un nuevo Pacto Social, para diseñar un Modelo de Desarrollo Rural Integral. Propongo un acuerdo sobre las condiciones justas que esta sociedad debería financiar, en forma unánime, para sacar al campo de su postración. Premisa básica para eliminar la pobreza, alcanzar el “bien-estar”, la paz y el desarrollo sustentable para todos. Este acuerdo sobre “lo fundamental” –en términos de Álvaro Gómez– debe partir, por un lado, de repensar “lo rural” acorde con las transformaciones locales y globales que están afectando su estructura social, económica, territorial y productiva. Y, por otro, de reformular las políticas agropecuarias, que nunca resolvieron las distorsiones relacionadas con mercados imperfectos y posturas ideológicas antirrurales. El trasfondo de estos procesos debe ser eminentemente técnico, humano y ambiental, para devolver la lozanía al campo y llevarlo al liderazgo en el mercado interno e internacional. Esta mirada sobre “lo rural”, debe sincerar el debate sobre la urgencia de mantener la intervención estatal, para remontar en los vacíos que sigue padeciendo la periferia. Y, de paso, cuestionar la totalidad del modelo de desarrollo capitalista, que profundizó las inequidades entre nuestros ciudadanos –rurales y urbanos– y entre éstos y los del resto del mundo, en virtud de aperturas “librecambistas” y neoliberales a ultranza. Pero este diagnóstico estaría incompleto si no exploráramos en la responsabilidad de esta sociedad con la deuda rural, acumulada en siglos de discriminación y abandono estatal. Quizá entonces podamos abordar el verdadero Modelo de Desarrollo Rural Integral, para emprender tareas pendientes y cambiar radicalmente las condiciones de vida de sus habitantes. Propósitos que pasan por proveer bienes públicos como educación, salud, agua potable, alcantarillado, vivienda y electricidad, hasta los más sensibles como seguridad, justicia e infraestructura productiva, con los mismos estándares de calidad y cobertura dispuestos para el área urbana. No obstante, con estas acciones solo entregaríamos al campo lo que por derecho le corresponde. Un paso adelante debería sacarlo del aislamiento y el atraso, a partir de dos reconocimientos esenciales: que el sector agropecuario es la médula de la vida socioeconómica en la ruralidad y que también es protagonista del crecimiento sostenible y sustentable del país. Razones para equiparlo, en igualdad de condiciones, con los demás renglones productivos. Hablo de superar brechas tecnológicas y de formación del capital humano, de un entorno macroeconómico sano, de predictibilidad en precios e ingresos agropecuarios, de acceso a crédito, legalidad en el transporte y comercialización de los bienes, de adaptación oportuna al cambio climático y de aprovechar la multifuncionalidad sectorial en seguridad alimentaria, energética y ambiental. Todo ello como parte de una estrategia articulada intra e intersectorial, entre lo urbano y lo rural y entre lo doméstico y lo internacional. Ahí reside el éxito de una política que se precie de ser “integral”. Lo demás, es seguir por lo mismo. No proponemos nada distinto de aplicar en casa y entre los más vulnerables que están en la ruralidad, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, en comunión con los cinco de Desarrollo Sostenible que llevaremos a Río+20. Proponemos desmotar el modelo discriminatorio contra el campo y el sector agropecuario y un acuerdo que concite a todos los estamentos de esta sociedad, para hacer posible la paz y el progreso de Colombia. Un campo en guerra y sin oportunidades, nunca será la antesala de un desarrollo económico y social sostenible. @jflafaurie