Según una reciente actualización de la plataforma “Trade and the Sustainable Development Goals”, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los grandes compradores internacionales incorporan, cada vez más, criterios laborales y sociales cuando importan y/o adquieren productos.
Hoy, estándares de sostenibilidad como los establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y certificaciones como Florverde Sustainable Flowers -FSF-, Rainforest Alliance o Global G.A.P., entre otras, realizan exigencias frente al respeto de los derechos laborales, la equidad de género y la seguridad social de los trabajadores.
En este nuevo entorno global, el trabajo formal se ha convertido en una credencial ética indispensable para competir en el comercio exterior. En particular cuando se pretende ser parte del juego y mantenerse en las economías más exigentes.
De acuerdo con la OCDE, los distribuidores, especialmente en sectores agrícolas y de productos frescos, están incorporando de forma sistemática criterios laborales en sus procesos de debida diligencia, entendidos como un proceso continuo que deben implementar para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos negativos reales y potenciales de sus actividades, incluidas sus cadenas de suministro y relaciones comerciales, en los derechos humanos, el medio ambiente y la sociedad.
Según el DANE, más del 40% de los ocupados en las principales ciudades del país se encuentran en condición de informalidad, y en las zonas rurales esta cifra supera el 60%. Esta realidad limita el acceso de millones de personas a derechos fundamentales y, al mismo tiempo, restringe la capacidad de nuestras empresas para cumplir con los estándares internacionales.
Pero lejos de ser un obstáculo insalvable, esta situación representa una enorme oportunidad: alinear nuestras cadenas productivas con las nuevas exigencias del comercio responsable no solo puede mejorar la competitividad del país, sino también dignificar la vida de quienes trabajan la tierra y hacen posible que Colombia exporte calidad al mundo.
Varios representantes de la FAO, entre ellos su exdirector José Graziano da Silva, han asegurado que Colombia reúne todas las condiciones geográficas y productivas para convertirse en una despensa agrícola global.
El crecimiento y dinamismo demostrado en los últimos años por las exportaciones agrícolas nacionales y su aporte creciente al PIB del país son fundamentales para el futuro de Colombia. Así lo demuestran productos como el café, el cacao, el aguacate hass, la uchuva, la piña, el mango y las flores, entre otros.
Considero que lo expresado anteriormente demuestra que el trabajo formal no es solo un instrumento de justicia social. Es también una estrategia de competitividad sostenible.
Apostar por empleos con protección social, formación y condiciones laborales adecuadas no es un lujo, es una inversión que fortalece la reputación del país, construye confianza con los compradores internacionales y abre puertas en mercados que cierran sus fronteras económicas a la indiferencia ética.
Y aunque es cierto que avanzar hacia la formalización implica costos que las grandes, medianas y pequeñas empresas no pueden asumir fácilmente, el país no puede seguir postergando esta conversación. El futuro de las zonas rurales, de las empresas que allí tienen influencia y de las comunidades que las habitan está en juego.
La sostenibilidad del campo colombiano exige que el trabajo formal deje de ser una excepción. Para lograrlo, es necesario concertar fórmulas entre el gobierno, los gremios y la academia que promuevan la formalización sin afectar la productividad ni la viabilidad de los negocios rurales.
El liderazgo del Gobierno Nacional es clave para impulsar un entorno propicio a la formalización laboral a través de políticas públicas efectivas, incentivos adecuados y reglas claras que favorezcan la producción empresarial, sin precarizar el trabajo ni sacrificar su calidad.
Sin embargo, la empresa privada también debe asumir su papel transformador, incorporando prácticas sostenibles y reconociendo que la dignidad laboral no solo es una obligación ética, sino una ventaja competitiva. La transformación del campo colombiano solo será posible si caminamos juntos, con corresponsabilidad y visión de largo plazo.
Estado, sector privado, gremios y de toda la cadena de valor de nuestro sector agrícola deben apostar desde las zonas rurales por un campo colombiano competitivo, justo y sostenible.
La transformación del campo colombiano solo será posible si caminamos juntos, con corresponsabilidad y visión de largo plazo.
