La Corte Suprema de Justicia condenó a la exfiscal Hilda Niño Farfán a cinco años y cuatro meses de prisión por haber gestionado ilícitamente la inclusión de dos narcotraficantes en la Ley de Justicia y Paz.
Dicha sentencia se dio luego de que el alto tribunal avalara el preacuerdo que firmó la exfuncionaria con la Fiscalía, en el cual aceptó su responsabilidad y se comprometió a entregar información de las demás personas involucradas en los hechos a cambio de conseguir beneficios judiciales.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia explicó que, por cuestiones de seguridad, la condenada purgará la pena en la Escuela de Carabineros de la Policía ubicada en Bogotá.
Niño Farfán fue hallada culpable del delito de cohecho propioporque en 2013, mientras se desempeñó como fiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, recibió una cifra cercana a los 200 millones de pesos por parte de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, y Orlando Villa Zapata, para que los ayudara a mantenerse en esa justicia transicional a pesar de que eran “narcotraficantes puros”.
Según el alto tribunal, la exfiscal, contrariando los deberes propios de su cargo, “realizó actividades tendientes a presentar a Mejía Múnera y a Villa Zapata como miembros de una facción paramilitar, a sabiendas de su condición de meros traficantes de estupefacientes”.
Entre las pruebas que se presentaron en su contra están las entrevistas realizadas a Iván Darío González, su asistente, y a Juan Carlos Restrepo,abogado de los mencionados narcotraficantes. Además, se pusieron en consideración varios mensajes de texto en los que se evidenció “el acuerdo ilegal que se celebró y las entregar dinerarias pactadas”.
La Corte Suprema de Justicia aseguró que se demostró que Niño Farfán “actuó con evidente dolo”, debido a que se comprometió a adelantar esas labores ilícitas para lograr la inclusión de los dos traficantes de estupefacientes y “los consecuentes beneficios que ello acarrearía”.
A partir de lo anterior, se concluyó la existencia de elementos materiales probatorios suficientes para emitir fallo condenatorio en contra de la exfuncionaria que, en el preacuerdo, se comprometió a decir toda la verdad, pedir perdón y reintegrar al Estado $245 millones de pesos.
