El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a ser el blanco de críticas en medios de comunicación y redes sociales. Este martes 20 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una denuncia en contra del mandatario por ordenarle a los Jefes de los Servicios de Inteligencia Civil y Militar cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición de su país.
Según un informe revelado por una misión internacional de investigación creada por las Naciones Unidas para Venezuela, 122 víctimas fueron sometidas a actos de tortura, violencia sexual y demás crímenes que violarían los drechos humanos, en los centros de Caracas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Adicionalmente, otras 51 personas -entre ellos activistas, periodistas y demás opositores-, habrían sido reprimidas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La ONU afirmó que los delitos fueron cometidos por órdenes directas de Maduro.
“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, señala el documento.
Adicionalmente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, estaría implicado en estos casos y tendría que ser judicializado junto con el presidente.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, agregó el informe.
Las investigaciones de las Naciones Unidas revelaron que el director general del Sebin, Gustavo Enrique González; el ex director del Helicoide, Carlos Alberto Calderón; y el actual director de Helicoide, Ronny González, serían los autores materiales de estos hechos.
Por su parte, el director general de la DGCIM, Iván Rafael Hernández, y otros miembros de la organización como Hannover Esteban Guerrero, Alexander Enrique Granko y Rafael Antonio Franco también serían responsables de los delitos cometidos.
Pese a que los familiares de las víctimas llevan muchos años pidiéndole al gobierno que se haga justicia, la ONU aseguró que Maduro y su gabinete no han investigado a profundidad los hechos ni han procesado a los responsables, lo que dejaría en evidencia su complicidad y parcialidad.
“Las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos“, concluye el documento.
