Paloma Nicole Arellano tenía solo 14 años cuando perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en Durango, México, un procedimiento realizado sin el consentimiento de su padre y que hoy mantiene bajo investigación al médico, a la madre de la menor y a la clínica privada donde se practicó.
Todo comenzó el 12 de septiembre, cuando la madre de Paloma le dijo al padre que viajarían a la sierra porque la adolescente había dado positivo por COVID-19 y que no tendrían señal telefónica. Días después, Carlos Arellano recibió una llamada inesperada: su hija estaba hospitalizada en estado crítico. Nunca imaginó que, en lugar de aislarse por enfermedad, había sido llevada a la Clínica Santa María para someterse a un aumento de busto realizado por el médico Víctor “N”, pareja de la madre.
La operación derivó en graves complicaciones: Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral, fue inducida al coma e intubada. Tras una semana en cuidados intensivos, murió el 20 de septiembre.
La verdad salió a la luz durante el funeral, cuando su padre decidió revisar el cuerpo y descubrió que su hija tenía implantes mamarios y signos de intervención quirúrgica. Según las primeras versiones, ese fin de semana no solo se realizaría el aumento de senos, sino también una liposucción y una lipotransferencia a los glúteos, supuestamente como “regalo” por sus 15 años.
Carlos Arellano presentó una denuncia ante la Fiscalía de Durango, señalando como responsables al médico, a la madre y al hospital. Afirma que el certificado de defunción mencionaba “enfermedad” como causa de muerte, lo que considera un intento de encubrimiento. Ahora exige justicia y una investigación a fondo sobre las verdaderas causas del fallecimiento de su hija.
El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de las cirugías estéticas en menores y la falta de controles en clínicas privadas. En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 establecimientos clandestinos en México, 48 de ellos en Ciudad de México y 29 en el Estado de México, lo que refleja la magnitud del problema.
