Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que ha provocado el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país.
La situación agrava la crisis económica que vive Bolivia desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación. En este contexto, aumentan las voces que piden declarar un estado de excepción ante la falta de avances en el diálogo.
A continuación, las claves del conflicto.
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1. Una única demanda
Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y grupos afines a Evo Morales. Todos sostienen como única demanda la renuncia de Paz.
Las protestas comenzaron en La Paz y El Alto, pero se extendieron a ocho de las nueve regiones del país, con cerca de un centenar de puntos de bloqueo activos.
Los sectores movilizados acusan al Gobierno de marginarlos y de impulsar privatizaciones mediante un paquete de leyes sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos, lo que el Ejecutivo niega.
2. Pérdidas económicas y humanas
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima pérdidas de unos 2.100 millones de dólares, con impactos en empresarios privados y trabajadores independientes.
El sector turístico reporta daños por 1.230 millones de dólares y un deterioro de la “imagen-país”, según el Ministerio de Turismo.
Los bloqueos han causado la muerte de siete personas por falta de atención médica y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante abatido durante un operativo, según la Defensoría del Pueblo.
3. Respaldo internacional
Los países del Escudo de Las Américas, liderado por Estados Unidos, expresaron su apoyo a Paz y denunciaron un supuesto intento de “derrocar” al Gobierno mediante protestas financiadas con “dinero ilícito del narcotráfico”.
Bolivia recibió ayuda humanitaria de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras Argentina envió aviones de carga para reforzar el puente aéreo de alimentos hacia La Paz y El Alto.
El Gobierno expulsó a la embajadora de Colombia, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, consideradas una “injerencia”.
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4. Desbloqueo y diálogo
La Policía y el Ejército realizaron dos operativos de desbloqueo (16 y 23 de mayo) para habilitar un corredor humanitario, pero ambos terminaron en enfrentamientos y disturbios.
El Parlamento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos intentaron mediar, sin éxito por la negativa de los movilizados y sus condiciones previas.
Sectores campesinos del altiplano dieron un ultimátum al presidente Rodrigo Paz para que renuncie, mientras el Gobierno insiste en el diálogo.
5. El último recurso
La discusión sobre un estado de excepción surgió tras los primeros enfrentamientos y saqueos en La Paz.
El Parlamento derogó una norma de 2020 que limitaba la acción de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, mientras el Ejecutivo impulsa una ley para reforzar la seguridad estatal, ya aprobada por el Senado.
Paz afirma que usará todos los recursos que le permite la Constitución, aunque mantiene el diálogo como principal vía de solución.
Créditos: Gabriel Romano Burgoa - EFE
