En ese inventario oscuro que es la Lista Clinton aparecen 829 empresas y personas colombianas. Eso fue lo que reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en los últimos días y sobre lo que la Superintendencia de Sociedades colombiana llamó la atención este miércoles.
La autoridad reguladora de las sociedades colombianas emitió un comunicado para solicitar a los empresarios y comerciantes colombianos, verificar la procedencia de los clientes o empresas con las que realizan sus negocios y evitar aparecer involucrados en negocios ilícitos.
Según lo determinó la SuperSociedades, la mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). Las actividades más recurrentes de los reportados en la lista son la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros.
La Superintendencia informó que varias de las empresas que aparecen en el listado ya estaban en las listas internas de la entidad, además, varias han sido intervenidas en procesos liquidatorios que ha adelantado la entidad de vigilancia.
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El superintendente Francisco Reyes Villamizar afirmó que se "ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo".
En la lista aparecen desde empresas, restaurantes, personas y hasta grupos delincuenciales como las Autodefensas Unidas de Colombia o el Clan Úsuga.
La Lista Clinton es elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos y vincula a todas aquellas empresas que podrían estar involucradas en lavado de activos, narcotráfico o terrorismo. El fin de la lista es poder vetar a estas compañías de cualquier negocio o transacción con Estados Unidos y sus empresas.
El Superintendente Reyes Villamizar indicó que "de acuerdo con las normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores".
