Los senadores de oposición Antonio Sanguino de la Alianza Verde e Iván Cepeda del Polo Democrático enviaron un derecho de petición al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo para que aplace los ascensos militares hasta el próximo año.
Los congresistas le solicitaron que se abstenga de presentar hojas de vida para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado” en esta legislatura y en el próximo periodo legislativo.
De acuerdo a Sanguino y Cepeda dicha petición responde a las investigaciones que reposan sobre oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de carácter fiscal, penal y disciplinario que estarían presuntamente comprometidos por las llamadas “chuzadas” que se revelaron en contra de 130 personas, entre líderes de la oposición, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y periodistas nacionales y extranjeros.
El derecho de petición presentado por los congresistas expone además que “en caso de que se ascienda a un oficial comprometido con posibles faltas disciplinaria, penales y fiscales, este utilice su mayor cargo, con mayor poder operativo y funcional, no solo para profundizar su accionar delictivo, sino incluso para desviar el curso de las investigaciones”.
Los congresistas de oposición, que también son víctimas de estas interceptaciones ilegales de parte del Ejército, señalaron que la estructura actual de las Fuerzas Militares ha permitido que oficiales se vean involucrados “en graves hechos de violación a los Derechos Humanos y en actos de corrupción”.
Por lo que también anunciaron en el derecho de petición que próximamente se presentará una reforma estructural al sistema de ascensos.
Hasta el momento el ministerio de Defensa no se ha pronunciado al respecto, y los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda esperan que Carlos Holmes Trujillo acepte la petición y se abstenga de presentar a consideración de la Comisión Segunda del Senado las hojas de vida de militares.
Esto, hasta que los entes de control y justicia emitan sus respectivos fallos en el marco del Estado de Derecho.
