Un año después de que se abriera la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyeron que la campaña ‘Petro Presidente’ habría superado los topes de financiación establecidos por la ley en las elecciones de 2022.
La ponencia, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, advierte que en los informes entregados por el equipo de campaña no se reportaron varios aportes, lo que habría llevado a que tanto en primera como en segunda vuelta se superaran los límites legales. Según se dio a conocer, el exceso sería cercano a los 3.500 millones de pesos.
El documento será presentado ante los nueve magistrados del CNE que integran la Sala Plena, quienes deberán decidir si acogen el informe y, en consecuencia, imponen sanciones administrativas a los responsables de la gestión financiera y contable de la campaña, entre ellos Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol y gerente de campaña en 2022—, la tesorera Lucy Mogollón y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
La investigación también contempla la posibilidad de ordenar la devolución del dinero equivalente al monto en que se excedieron los topes permitidos. La Procuraduría ya había solicitado en mayo sancionar a Ricardo Roa, al señalar que, en su rol de gerente, realizó maniobras para ocultar el valor real de un evento de campaña.
Este nuevo avance en el caso llega tras la recusación aceptada contra la magistrada Alba Lucía Velásquez, apartada de la investigación por haber actuado como testigo electoral de la campaña en 2022.
Desde el inicio del proceso, el presidente Petro ha señalado que estas investigaciones responden a lo que califica como un intento de “golpe de Estado” para afectar su gobernabilidad. No obstante, la ponencia de Ortiz y Prada será clave para determinar si el CNE confirma las presuntas irregularidades o archiva el expediente por falta de pruebas suficientes.
La decisión final requerirá al menos seis votos de los magistrados del CNE. Mientras tanto, Colombia Humana ha solicitado declarar la caducidad del proceso, argumentando que el caso habría prescrito el pasado 29 de julio.
