Durante la tarde de este jueves 18 de septiembre, el abogado Víctor Mosquera anunció que presentó una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el presidente Gustavo Petro. Según el jurista, el mandatario habría incurrido en una “interferencia indebida” en las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio.
Las acusaciones contra el presidente
Mosquera aseguró que Petro ha hecho declaraciones públicas “sin sustento probatorio alguno”, lo que, a su juicio, afecta la imparcialidad del proceso. “El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, expresó en su comunicado.
La queja busca que el organismo de derechos humanos intervenga para proteger la autonomía de la Fiscalía y prevenir lo que el abogado considera una conducta inapropiada del Ejecutivo.
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Exigencias y advertencias
En la denuncia, Mosquera pidió que el presidente se abstenga de formular teorías o afirmaciones sin respaldo jurídico, recordando que el respeto a la independencia judicial no es una opción política, sino una obligación constitucional. “Resulta inaceptable que, mediante declaraciones infundadas, se mancille la memoria de Miguel Uribe y se vulnere la dignidad de sus familiares”, añadió.
El abogado enfatizó que el uso del nombre del dirigente asesinado en pronunciamientos políticos genera un daño tanto a su recuerdo como al dolor de sus allegados.
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Sin pronunciamiento oficial
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía General de la Nación se han referido públicamente a la denuncia presentada ante la ONU. La expectativa ahora se centra en la respuesta que pueda dar la Relatora Especial y en si este pronunciamiento internacional influirá en el curso de las investigaciones en Colombia.
Con esta queja, el caso por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que ya tiene un alto impacto en la opinión pública, suma un nuevo capítulo que pone en el centro del debate el respeto a la autonomía judicial y los límites de la intervención política en procesos penales en curso.
