Desde 1995, la comunidad internacional se ha reunido cada año en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conocida como COP, para enfrentar este fenómeno. Treinta años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿han logrado estas cumbres generar cambios reales o se han quedado en promesas y discursos bien intencionados?
La COP 30, que en menos de ocho días iniciará en Brasil, debe ser una prueba clave para evaluar avances, brechas y la efectividad de los compromisos adquiridos a nivel global por gobiernos y líderes mundiales. Pero, aunque me cueste decirlo, el panorama no es optimista.
Los gobiernos hablan de metas ambiciosas, sin embargo, la realidad muestra otra cosa. En la COP29, el nuevo objetivo de financiación climática —300 mil millones de dólares anuales para 2035— fue duramente criticado por quedarse corto y por basarse más en préstamos que en ayudas reales.
En Glasgow, durante la COP26, muchos países prometieron reducir el uso del carbón, pero cuatro años después la tendencia global demuestra lo contrario. El consumo mundial alcanzó niveles récord en 2023 y se mantuvo casi igual en 2024, impulsado por la demanda energética de Asia y el lento avance de la transición en Europa.
Es una constante histórica en las COP que los compromisos nacionales sean voluntarios y sin sanciones efectivas. En otras palabras, mientras el planeta exige resultados, la política internacional sigue operando bajo la lógica del discurso y no de la acción.
Mientras tanto, las empresas y el sector privado han asumido una carga creciente de obligaciones: inversiones en gestión responsable, cumplimiento normativo para importación y exportación, reporte de impactos y certificaciones de buenas prácticas.
Estos esfuerzos, asumidos con respeto y compromiso, muestran de manera clara la brecha entre la acción concreta de la mayoría del sector privado y las promesas, muchas veces solo retóricas, de algunos líderes y gobiernos. La discrepancia evidencia la necesidad de una rendición de cuentas más rigurosa y verificable, que vaya mucho más allá del discurso carismático durante las COP.
Aunque es claro que a la empresa privada le queda un largo camino por recorrer, y es cierto que algunas organizaciones se han perdido en el trayecto o han recurrido al greenwashing con fines de mercadeo y posicionamiento, es una realidad que una gran mayoría transita por el camino correcto, trabajando de manera comprometida hacia un desarrollo sostenible que abarque sus dimensiones ambiental, social y económica.
Por eso, debemos creer en los esfuerzos que se emprenderán en Brasil y reconocer que uno de los resultados más importantes de la COP 30 podría ser precisamente encontrar mecanismos para que los gobiernos se inspiren en las prácticas responsables de muchas empresas, replicando su compromiso y efectividad a escala nacional e internacional.
El sector privado tiene la capacidad de demostrar a los gobiernos que es posible ser sostenibles y, al mismo tiempo, obtener impactos medibles. Esto se logra implementando prácticas verificables, como la transición hacia energías renovables, la adopción de modelos de economía circular y la gestión eficiente de residuos.
Además, la utilización de certificaciones ambientales internacionales, como la ISO 14001, garantiza estándares claros de desempeño ambiental. Estas acciones no solo generan beneficios internos, como ahorro energético y reducción de costos, sino que también muestran de manera tangible que la sostenibilidad no es un lujo, sino una estrategia viable y rentable para el desarrollo económico.
En Suecia y Dinamarca, los incentivos a la eficiencia energética y la transición hacia energías limpias se basan en casos exitosos de empresas locales que lograron reducir emisiones y costos al mismo tiempo.
En Costa Rica, la gestión responsable de residuos y la certificación ambiental de empresas privadas ha impulsado regulaciones que promueven la economía circular en sectores estratégicos.
Así, la acción empresarial se convierte en un motor de transformación pública, demostrando que cuando la sostenibilidad se aplica con rigor y transparencia, los resultados pueden escalar más allá del ámbito privado y generar un impacto positivo a nivel nacional e internacional.
La COP 30 representa una oportunidad única para que la acción climática deje de ser solo un discurso y se convierta en resultados concretos. Gobiernos y empresas tienen mucho que aprender unos de otros: mientras las empresas muestran que la sostenibilidad es viable y rentable, los gobiernos pueden traducir estas lecciones en políticas públicas más ambiciosas y efectivas.
Solo a través de esta colaboración, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de prácticas verificables, será posible avanzar hacia un futuro más justo, lleno de acciones con valor ambiental y social para nuestro planeta.
“La COP 30 no puede ser otra cumbre de promesas: el planeta exige acción.”
