La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó este 4 de noviembre sobre tres factores de riesgo que afectan el inicio del calendario electoral 2026: ambigüedad jurídica sobre la personería del Pacto Histórico, persistencia de violencia contra liderazgos políticos y falta de control en la financiación anticipada de campañas.
Además, la organización subrayó la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva con prontitud los procesos pendientes sobre la conformación y participación del Pacto Histórico, así como el alcance jurídico de las consultas realizadas el pasado 26 de octubre.
Personería jurídica y reglas de participación
La MOE solicitó al CNE definir con claridad si el Pacto Histórico —coalición que apoyó al actual presidente Gustavo Petro— cuenta con personería propia como partido político o si debe seguir actuando como alianza temporal. Esta definición, que involucra procesos de fusión partidaria, tendrá efectos sobre la manera en que se conforman las listas al Congreso y sobre la eventual habilitación para participar en consultas interpartidistas.
“Resolver con urgencia las incertidumbres respecto de la participación del Pacto Histórico y los alcances de la consulta es un requisito esencial para la certeza democrática, tanto para los ciudadanos, como de los actores políticos que participarán en las elecciones” afirmó Frey Muñoz, subdirector de la MOE. La organización advirtió que la ambigüedad actual puede afectar tanto la planificación de las campañas como el derecho a la participación de ciudadanos y colectivos políticos.
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Riesgos de violencia en territorios rurales
El informe también registró 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales entre marzo y septiembre de 2025. De esos, 136 afectaron a líderes políticos, lo que representa un 61% del total. La violencia se concentra en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá D.C., donde se reportaron casi la mitad de los casos.
La MOE señaló con especial preocupación seis casos de secuestro contra actores políticos y el deterioro sostenido de la seguridad en zonas rurales. En respuesta, la organización recomendó acelerar la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) con enfoque territorial y diferencial.
“Nos preocupa el deterioro de la seguridad en zonas rurales del país. Es fundamental acelerar la implementación territorial del SISEP y fortalecer medidas de protección con enfoque diferencial", afirmó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.
Financiación sin trazabilidad ni control público
En el terreno financiero, el informe advierte vacíos estructurales en la rendición de cuentas. Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025 el módulo público del sistema Cuentas Claras —herramienta oficial para registrar ingresos y gastos de campañas— aún no estaba habilitado para los grupos significativos de ciudadanos que están en fase de recolección de firmas.
En paralelo, la organización identificó que 42 cuentas vinculadas a precandidaturas presidenciales registraron gastos en publicidad digital por casi $800 millones de pesos entre marzo y octubre, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes ante la autoridad electoral. La mayoría de esta inversión fue rastreada a través de la Biblioteca de Anuncios de Meta (Facebook e Instagram).
Para Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, la falta de trazabilidad en el inicio del ciclo electoral compromete la transparencia: “Garantizar el acceso público a la información financiera es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”.
Una señal de alerta institucional anticipada
A menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales, las advertencias de la MOE apuntan a zonas críticas del sistema electoral: seguridad, reglas de competencia y trazabilidad financiera. Aunque el calendario formal de campaña aún no se ha activado, el despliegue anticipado de propaganda y la indefinición sobre estructuras partidarias reflejan un entorno electoral que ya se mueve, sin que todas las reglas estén claras.
El informe insiste en que resolver estos vacíos a tiempo no es solo un asunto técnico, sino una condición necesaria para sostener la legitimidad del proceso en 2026.
