El 6 de noviembre de 1985, Bogotá amaneció con su Palacio de Justicia prácticamente desprotegido. Apenas seis celadores de una empresa privada custodiaban el edificio, armados únicamente con revólveres. Horas después, hacia las 11:30 a. m., un comando del M-19 compuesto por 30 guerrilleros irrumpiría en el lugar, dando inicio a uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país. ¿Cómo fue posible que, pese a las amenazas reiteradas, la sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado estuviera tan vulnerable?
Amenazas conocidas, protección debilitada
Desde agosto de 1985, agencias de inteligencia colombianas alertaron sobre planes del M-19 para atacar sedes del Estado, incluido el Palacio de Justicia. Paralelamente, el Cartel de Medellín, a través de su grupo “Los Extraditables”, dirigía una campaña de intimidación contra los magistrados, con el fin de bloquear la aprobación del tratado de extradición con Estados Unidos. Magistrados clave, como Alfonso Patiño Roselli, Ricardo Medina y Manuel Gaona, recibieron amenazas explícitas, tanto en cartas como en grabaciones, que advertían represalias si se daba vía libre a la extradición.
El 30 de octubre, Patiño Roselli informó oficialmente a las autoridades sobre las amenazas. También lo hizo la Corte Suprema, que participó en una reunión con altos funcionarios del gobierno el 20 de septiembre para evaluar la seguridad del Palacio. Como resultado, la Policía Nacional elaboró un estudio de seguridad entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre, y se acordó reforzar la vigilancia.
Una amenaza concreta llegó el 17 de octubre: una fuente anónima alertó que ese día se produciría un intento de toma. Ese mismo día, dos personas con planos del edificio fueron capturadas. En respuesta, se incrementó la presencia militar en las semanas siguientes. Incluso se barajó que el M-19 planeaba actuar durante la visita del presidente francés François Mitterrand, lo cual habría dado al ataque una visibilidad internacional mayor.
El 18 de octubre, el Tribunal Superior de Ibagué pidió formalmente al gobierno redoblar la seguridad del Palacio y proteger a los magistrados amenazados. Pero esas advertencias no se tradujeron en una estrategia sostenible.
De la custodia militar al abandono
Contra toda lógica, a finales de octubre comenzó a desmontarse la seguridad reforzada. El 1º de noviembre, la vigilancia especial fue retirada. Según informes posteriores, esta decisión habría respondido a una supuesta solicitud del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Sin embargo, esa explicación resultó insostenible: Reyes Echandía no estaba en el país en esa fecha y había insistido reiteradamente en reforzar la protección.
Aún más desconcertante, el 4 de noviembre, apenas dos días antes del ataque, la Policía Nacional retiró completamente su presencia del Palacio y transfirió la seguridad a una empresa privada. Seis vigilantes armados con revólveres quedaron a cargo de un edificio estatal clave, pese a que seguía vigente la amenaza del M-19.
A los magistrados se les comunicó genéricamente que existía un riesgo, pero nunca se les explicó por qué se desmontaban las medidas especiales. Esa decisión facilitó la operación guerrillera. El dato posterior del aprovisionamiento de unos 1.500 pollos en la cafetería del edificio antes del ataque sugiere una logística interna previa y alimenta sospechas sobre posibles apoyos desde dentro.
¿Quién ordenó retirar la seguridad?
Cuarenta años después, la pregunta sigue sin respuesta. En 2010, la Comisión de la Verdad sobre el caso reconoció que no pudo establecer con certeza quién emitió la orden de levantar la vigilancia. Testimonios de al menos dos coroneles de la época resultaron contradictorios o falsos. Uno de ellos, Pedro Herrera Miranda, culpó nuevamente a Reyes Echandía, lo que fue desmentido con documentos y fechas.
Una herida abierta
La toma del Palacio de Justicia no fue un golpe sorpresa. Fue una tragedia precedida por múltiples advertencias, solicitudes formales y movimientos militares detectados con antelación. Aun así, la decisión de desmontar la seguridad fue tomada, o permitida, en el momento de mayor vulnerabilidad.
El resultado fue un asalto armado en el corazón del Estado, en el que murieron 94 personas, incluidos 11 magistrados. Las razones detrás del retiro de la protección, así como la cadena de decisiones que lo permitió, permanecen en la penumbra. La pregunta sigue vigente: ¿quién dejó al Palacio sin defensa?
