El anuncio del nombramiento de Alfredo Acosta como nuevo ministro de Igualdad y Equidad reactivó una discusión que, esta vez, no depende solo del pulso político. Hay un hecho de fondo: el Ministerio de Igualdad está atado a un plazo jurídico y a un calendario legislativo que no espera. Lo que ocurra en el primer semestre de 2026 puede definir si la cartera llega con soporte legal al siguiente gobierno o si entra a un escenario de reorganización institucional.
El relevo llega en el momento más sensible
La hoja de vida de Acosta apareció en el portal oficial de Presidencia como paso previo a su designación, en reemplazo de Juan Carlos Florián. El cambio se suma a una cartera con alta rotación desde su creación: Francia Márquez fue la primera ministra; luego llegó Carlos Rosero; después Florián; y ahora Acosta.
Esa secuencia importa porque el ministerio no está en una fase normal de consolidación administrativa. Está en una fase de supervivencia institucional, con decisiones pendientes que no se resuelven con un simple cambio de nombres.
El “reloj” de la Corte está corriendo
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que fue la base para crear el ministerio. Al mismo tiempo, diferió los efectos de esa decisión por dos legislaturas contadas desde el 20 de julio de 2024. En términos prácticos, eso llevó a una fecha límite clara: la legislatura 2025-2026 termina el 20 de junio de 2026. Si para entonces no se corrige el trámite con una nueva ley, la norma que sostiene al ministerio deja de producir efectos.
En pocas palabras: el punto decisivo no es agosto. Es antes del 20 de junio de 2026.
La ley “de reemplazo” y el Congreso que se acaba
Para responder al fallo, avanza un trámite legislativo identificado como Proyecto de Ley 302 de 2025 (Senado) / 020 de 2025 (Cámara), que busca expedir una nueva base legal para el ministerio. En medio del proceso, se mencionó incluso una ponencia de archivo en noviembre de 2025, señal de que el proyecto no tiene camino despejado y enfrenta resistencia política.
Aquí aparece otro dato clave: el Congreso que puede aprobar esa ley es el del periodo 2022-2026, que entra a su recta final. El Congreso siguiente se instala el 20 de julio de 2026, cuando el plazo de la Corte ya habría vencido.
En paralelo, el país cambia de gobierno el 7 de agosto de 2026. Ese doble relevo, Congreso en julio y presidente en agosto, deja una ventana corta: el primer semestre de 2026 es, en la práctica, el tramo útil para definir si MinIgualdad continúa con soporte jurídico.
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Presupuesto y ejecución, el frente que alimenta la discusión
A la presión legal se suma el debate por resultados. En 2024, desde el Gobierno se destacó la ejecución de inversión del sector Igualdad y Equidad con cortes de seguimiento que lo ubicaron, en algunos reportes, alrededor del 50% en entrega de bienes y servicios. Para 2025, parte de la conversación pública ha girado en torno a la brecha entre compromisos y pagos, un contraste usado para cuestionar capacidad de implementación real.
Más allá de la pelea de cifras, el punto político es evidente: cada dato de ejecución termina funcionando como munición a favor o en contra de la permanencia del ministerio.
Dos escenarios con fecha y condición
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Si la nueva ley no queda aprobada y sancionada antes del 20 de junio de 2026, el ministerio quedaría sin base legal. El siguiente gobierno tendría que reasignar funciones a otras entidades mientras define si impulsa otra arquitectura institucional o vuelve a tramitar su creación con una nueva ley.
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Si la ley sí sale antes de esa fecha, el ministerio podría seguir existiendo, pero entraría al periodo 2026-2030 con el debate abierto sobre tamaño, funciones y efectividad, porque un nuevo Congreso y un nuevo gobierno podrían intentar reformarlo o ajustar su alcance por vía legislativa.
En ese contexto, la llegada de Alfredo Acosta no es un relevo más. Es, sobre todo, un nombramiento en una cartera que corre contra el calendario: ordenar la administración en el tramo final y empujar el trámite que define si MinIgualdad llega con respaldo legal al siguiente cuatrienio.
