El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tomó una decisión en el expediente sobre la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Más allá del sentido del fallo, la votación dejó un dato útil para entender cómo opera la autoridad electoral: quiénes son los integrantes de la Sala Plena y de qué trayectorias vienen. El CNE es una autoridad administrativa de la organización electoral y está compuesto por nueve magistrados elegidos por el Congreso para periodos institucionales.
En esa votación, a favor de la participación de Cepeda se registraron los votos de Álvaro Echeverry, Altus Alejandro Baquero, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
Los nueve magistrados del pleno
Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador): Abogado con carrera predominantemente pública. En su hoja de vida figura experiencia en funciones de dirección y control territorial, incluyendo la Unidad Nacional de Protección, además de un paso por personerías municipales. Su trayectoria se ubica entre gestión administrativa y asuntos de seguridad institucional.
Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde): Abogado con perfil orientado a litigio y asesoría jurídica. Registros públicos lo ubican en labores vinculadas al ámbito electoral y al derecho administrativo desde cargos de asesoría y representación jurídica. Su experiencia se concentra en el trabajo procesal.
Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático): Abogado con trayectoria política previa y paso por el Legislativo. En hojas de vida públicas aparece como exintegrante de la Cámara de Representantes y, posteriormente, como magistrado del CNE. Su perfil combina experiencia parlamentaria y formación jurídica.
Benjamín Ortiz Torres (Partido Liberal): Abogado con recorrido en la organización electoral y el sector disciplinario. En registros oficiales se destaca su paso por la Registraduría Nacional en cargos de coordinación administrativa, además de experiencia en asesoría jurídica en entidades públicas.
Alba Lucía Velásquez Hernández (Polo Democrático - Pacto Histórico): Abogada con trayectoria reportada en gestión pública. La información disponible la ubica en roles vinculados al sector público y a funciones de administración territorial y jurídica antes de su llegada al CNE en este periodo.
Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U): Abogada con carrera política de alcance nacional. Su experiencia pública incluye un paso prolongado por el Congreso como legisladora y, luego, su elección como magistrada del CNE. Su perfil aporta conocimiento legislativo y lectura política del sistema de partidos.
Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico): Abogada y administradora pública, con experiencia en entidades del nivel nacional y asuntos de derecho público. En registros oficiales se relaciona con labores jurídicas en organismos estatales, con énfasis en gestión pública y componentes constitucionales y administrativos.
Altus Alejandro Baquero Rueda (coalición multipartidista, 2022): Abogado con trayectoria en entidades del Estado, incluyendo organismos de control y áreas de gestión pública. Su nombre también ha estado asociado a decisiones en la jurisdicción contenciosa sobre requisitos de elección del periodo, lo que lo convirtió en un perfil observado institucionalmente.
Álvaro Echeverry Londoño (Partido Liberal, elegido en 2025): Abogado con especialización en derecho administrativo. Según el reporte oficial de su elección, ha trabajado en entidades del Ejecutivo y organismos de control, y llegó al CNE mediante elección del Congreso para cubrir una vacante del periodo 2022-2026.
El delegado con voz y sin voto
Además del pleno, el CNE cuenta con un delegado del partido Comunes con voz pero sin voto, una figura asociada al marco de implementación del Acuerdo Final de Paz y disposiciones posteriores. En ese rol ha sido mencionado Pablo Julio Cruz Ocampo, con participación en deliberaciones dentro de ese alcance.
¿Por qué estos perfiles importan?
En un año preelectoral, el pleno del CNE no solo decide sobre consultas y reglas de competencia. También define, en la práctica, el tono del arbitraje electoral: qué tan exigente es el análisis, cuánto pesa la interpretación jurídica y cómo se tramitan controversias con plazos cortos. Con el fallo ya conocido, la mirada queda puesta en la composición del órgano: cómo conviven perfiles de gestión pública, experiencia legislativa y práctica jurídica especializada.
