La defensa del presidente Gustavo Petro le pidió al Consejo de Estado revocar el fallo que concluyó que el mandatario usó de forma indebida las alocuciones presidenciales y que, además, ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) controlar estas intervenciones antes y durante su emisión.
El recurso, presentado por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, se radicó dentro de la tutela que había sido resuelta en septiembre de 2025 y que dio la razón a varios ciudadanos que alegaron afectación a su derecho a la información por el número y contenido de las alocuciones.
La defensa sostiene que la decisión va más allá de corregir un posible abuso y, en la práctica, deja en manos de un órgano técnico la posibilidad de autorizar o detener en tiempo real la palabra del Presidente.
Lo que critica la defensa del Presidente
El escrito resume varias inconformidades frente al fallo. En primer lugar, señala que se convierte a la CRC en una especie de “tribunal de alocuciones presidenciales”, con poder para decidir si el Presidente puede intervenir en cadena nacional, durante cuánto tiempo y sobre qué temas.
También cuestiona que la sentencia hable de un “uso desmedido” de las alocuciones sin precisar cuántas serían muchas, en qué periodo y frente a qué referencia se está comparando. Para la defensa, esa falta de criterios claros no justifica medidas tan fuertes como permitir que una entidad administrativa pueda cortar una intervención presidencial al aire.
Además, advierte que el modelo diseñado por el fallo podría generar una “cascada” de decisiones similares, en las que otros jueces ordenen condiciones específicas sobre la forma en que el Presidente se comunica, lo que, según el recurso, terminaría afectando la gobernabilidad.
¿Qué propone la defensa en lugar del control previo?
En el escrito, la defensa de Petro no niega que el uso de las alocuciones pueda ser objeto de control, pero plantea que ese control debería ejercerse después, mediante responsabilidades políticas o judiciales, y no a través de una autorización previa.
También sugiere reforzar la transparencia sobre la justificación, duración y contenido de las alocuciones, sin que esto implique que una entidad no electa pueda decidir si el Presidente puede hablar o no. Ahora el Consejo de Estado deberá resolver si mantiene, ajusta o revoca el fallo de primera instancia.
