La desaparición de Valeria Afanador, la menor de edad vista por última vez en su colegio de Cajicá, completa ya más de 15 días sin respuestas claras. En medio de la angustia de la familia y de la comunidad, la Defensoría del Pueblo Regional de Cundinamarca reveló un informe con graves observaciones sobre la forma en que se ha manejado el caso, señalando fallas tanto de las autoridades como del colegio y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El documento indica que desde el primer momento se cometieron errores que pudieron afectar de manera directa la efectividad en la búsqueda de la niña. Entre las fallas más relevantes, la Defensoría resaltó la demora del colegio en dar aviso a las autoridades, la falta de coordinación interinstitucional y el hecho de que la investigación se haya concentrado únicamente en una hipótesis inicial, sin contemplar otros escenarios posibles.
Demora del colegio en alertar
De acuerdo con el reporte, aunque el colegio emitió la alerta el mismo día de la desaparición, la institución educativa tardó cerca de tres horas en informar oficialmente a las autoridades. Para la Defensoría, esta demora fue crítica, pues en un caso que involucra a un menor de edad cada minuto cuenta.
“Si se hubieran activado de inmediato los protocolos municipales, se habrían podido establecer controles en entradas y salidas del municipio, así como en medios de transporte local”, señala el documento. Esta omisión redujo las posibilidades de rastrear a la niña en las primeras horas, consideradas determinantes en la búsqueda de personas desaparecidas.
Errores de las autoridades
La Defensoría también cuestionó la actuación de las autoridades competentes, al señalar que se enfocaron en una sola hipótesis y no activaron de manera oportuna el conducto regular con la Fiscalía General de la Nación. Esto, según la entidad, vulneró principios fundamentales como el interés superior de la niñez y la protección integral.
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Uno de los puntos más críticos fue que la notificación de Interpol se emitió siete días después de la desaparición. Este retraso afectó la alerta a organismos como Migración Colombia y a entidades de control de transporte terrestre y aéreo, limitando de forma significativa la posibilidad de un rastreo oportuno.
Omisiones del ICBF
El informe también responsabiliza al ICBF por no activar de inmediato el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mecanismo diseñado precisamente para actuar en emergencias que involucren a niños, niñas y adolescentes. Para la Defensoría, esta omisión dejó un vacío institucional que pudo afectar la respuesta articulada y rápida que requería el caso.
Incertidumbre y dolor de la familia
Más de dos semanas después, el paradero de Valeria sigue siendo un misterio. La familia, sumida en la desesperación, insiste en que las investigaciones no han reflejado la urgencia ni la gravedad del caso. “Los resultados obtenidos hasta ahora no corresponden a la dimensión de lo que estamos viviendo”, han manifestado los padres a través de su abogado.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, reiteró el llamado a todas las instituciones responsables para redoblar esfuerzos, corregir las omisiones señaladas y trabajar de manera articulada con el fin de dar con el paradero de Valeria. La desaparición de la menor no solo ha conmovido a Cajicá, sino que también ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar con urgencia los protocolos de búsqueda y protección de niños en Colombia.
