El municipio de La Mesa (Cundinamarca) enfrenta días de agitación social tras los enfrentamientos entre habitantes, comerciantes y la Policía Nacional. Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en bloqueos y choques que alteraron la movilidad y obligaron a la administración local a adoptar decisiones extraordinarias.
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Origen de las manifestaciones
La inconformidad surgió por la aplicación de dos medidas: la creación de Zonas de Estacionamiento Reguladas (ZER) y la modificación de sentidos viales en varias calles del casco urbano. Para un sector de la ciudadanía, estos cambios no resultan convenientes debido al deterioro de la malla vial y a los costos que representan para quienes utilizan los espacios de parqueo.
El contrato que dio origen a las ZER fue firmado en 2022 por la administración de Humberto Segura, con aprobación del Concejo, y tiene una vigencia de 11 años. El convenio establece que el 80% de los ingresos va al operador privado y solo el 20% al municipio. Desde el 15 de septiembre, la empresa Nuestro Espacio, encargada de la operación, empezó a imponer además el cobro del Dispositivo de Retención de Movilidad Vehicular (DRMV), lo que elevó el malestar ciudadano.
Medidas decretadas por la Alcaldía
Ante los disturbios, la alcaldesa Laura Marcela Londoño expidió el Decreto 085 de 2025, que rige hasta el domingo 21 de septiembre. Entre sus puntos más importantes se encuentran:
- Toque de queda para menores de edad, en vigor desde el 18 de septiembre entre las 11:00 p. m. y 5:00 a. m., con repetición en los días siguientes.
- Ley seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol durante todo el periodo.
- Restricción de parrillero en moto desde el 18 hasta el 21 de septiembre.
- Trabajo a puerta cerrada en las dependencias oficiales el viernes 19, con el fin de proteger al personal administrativo.
El decreto contempla excepciones para actividades esenciales como servicios de salud, emergencias, transporte de carga prioritaria, medios de comunicación, vuelos programados y atenciones veterinarias.
Respuesta ciudadana y choques con la fuerza pública
Los bloqueos afectaron la vía nacional entre Girardot y Mosquera, que permanece cerrada en el sector de La Mesa, sin rutas alternas disponibles, según el Invías.
La vocera comunitaria Yamile Romero denunció que la intervención de la UNDMO se dio cuando los manifestantes permanecían en una “protesta pacífica”. También señaló como injusto el cobro de $3.200 por hora en las ZER y el pago anticipado exigido por la empresa operadora.
En contraste, la Policía reportó la necesidad de usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y despejar las vías. Videos transmitidos en vivo en redes sociales confirmaron estos hechos, lo que avivó críticas sobre un presunto uso excesivo de la fuerza. El representante a la Cámara Eduard Sarmiento aseguró haber recibido denuncias de abusos y habló de posibles órdenes de captura contra líderes comunitarios.
La alcaldesa Londoño reiteró que el espacio de diálogo con los manifestantes sigue abierto, aunque enfatizó que se debe permitir la circulación por tratarse de una vía nacional. Mientras tanto, el malestar ciudadano persiste y el futuro de las ZER se mantiene como uno de los principales puntos de discordia.
