La delegación del Gobierno Nacional lanzó un ultimátum a la Coordinadora Nacional - Ejército Bolivariano (CN-EB) luego del ataque ocurrido el 3 de septiembre de 2025 en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo, donde un subteniente y un soldado profesional fueron quemados con gasolina durante una asonada.
El Ejecutivo fue enfático: si la CN-EB no condena públicamente lo sucedido, la delegación abandonará de inmediato la mesa de diálogos.
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Un ataque que sacude el proceso
Los hechos se registraron en el marco de una operación militar contra laboratorios de cocaína. Según las versiones oficiales, un grupo de civiles —bajo presiones de los Comandos de Frontera, facción integrada a la CN-EB— atacó a los uniformados y les prendió fuego, provocándoles lesiones graves por quemaduras.
Ese mismo día, la delegación oficial repudió lo ocurrido en un comunicado, donde calificó el hecho como una “acción criminal” y lo señaló de ser contrario al derecho internacional humanitario y a las reglas mínimas de humanidad.
El pronunciamiento fue firmado por Armando Novoa García, jefe de la delegación, junto con Gloria Arias Nieto, Parmenio Cuéllar Bastidas y el coronel (r) Jaime Ariza Girón. Allí expresaron su solidaridad con las víctimas y remarcaron la gravedad del episodio.
Condición para seguir en la mesa
El Gobierno pidió a la CN-EB y en especial a los Comandos de Frontera un rechazo categórico e inmediato del ataque. Además, advirtió que la continuidad de las conversaciones depende de esa respuesta.
“La conducta de los autores de estas acciones de barbarie no puede tolerarse. Guardar silencio frente a lo ocurrido es incompatible con los avances alcanzados en la Mesa de Diálogos de Paz”, señaló el documento oficial.
De no recibir ese respaldo, la delegación se retirará de la reunión preparatoria que adelanta para definir las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en los departamentos de Nariño y Putumayo. En tal caso, la representación estatal consultará directamente con el Consejero Comisionado de Paz y con el presidente Gustavo Petro los pasos a seguir.
La advertencia, fechada el 3 de septiembre de 2025, refleja la delicada situación del proceso de paz con la CN-EB. El ataque no solo dejó a dos militares en estado crítico, sino que también representa un freno a los avances logrados en las conversaciones.
Este hecho se convierte en un punto de quiebre que obliga al Gobierno a replantear su estrategia frente a los grupos armados ilegales que mantienen influencia en el sur del país, particularmente en zonas de fuerte presencia de economías ilícitas.
La Defensoría del Pueblo también se pronuncia
La Defensoría del Pueblo se sumó al rechazo institucional y emitió un comunicado en el que señaló que, durante las operaciones militares en Siloé, los uniformados fueron atacados bajo constreñimiento de los Comandos de Frontera.
El organismo recalcó que este tipo de hechos constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario y una agresión directa contra la fuerza pública.
“La Defensoría del Pueblo rechaza de manera categórica y enérgica los hechos ocurridos en Putumayo”, expresó la entidad, que además exigió medidas inmediatas frente a lo sucedido.
En su pronunciamiento, la Defensoría fue más allá del rechazo y pidió al Gobierno detener las gestiones de diálogo con la CN-EB hasta tanto no exista un compromiso verificable de repudio y garantías de no repetición.
La institución dejó clara su posición: “En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido hacer un alto en el proceso hasta lograr un compromiso de rechazo y compromisos de no repetición”.
