Un nuevo episodio de violencia sacudió el sur de Cali durante la mañana del viernes 24 de abril, cuando un ataque con explosivos se registró en las inmediaciones del Batallón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional. El hecho dejó heridos, daños materiales y una renovada preocupación por la seguridad en la capital vallecaucana.
De acuerdo con los primeros reportes, los responsables utilizaron un bus escolar desde el cual fueron lanzados cinco cilindros explosivos contra la instalación militar. Aunque los artefactos no alcanzaron a detonar, el vehículo terminó envuelto en llamas, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona.
La escena fue suficiente para encender nuevamente las alarmas sobre la capacidad de respuesta y prevención en puntos estratégicos de la ciudad.
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Una advertencia que no fue atendida
El atentado ha reavivado cuestionamientos por advertencias previas. El abogado Elmer Montaña Gallego aseguró que meses atrás ya había detectado situaciones irregulares en el perímetro del batallón.
Según su relato, el 5 de septiembre de 2025 observó una camioneta estacionada por un tiempo prolongado en una zona restringida sobre la calle Quinta, sin que ningún uniformado interviniera de inmediato.
El jurista decidió acercarse al conductor para advertirle, pero la falta de reacción oficial lo llevó a acudir directamente a la portería. Incluso allí, asegura, la respuesta fue tardía, pues tomó varios minutos para que un militar verificara la situación.
Tras el episodio, Montaña recorrió el sector y grabó un video en el que evidenció la escasa presencia de uniformados, lo que, en su concepto, dejaba al descubierto debilidades en la seguridad de la zona.
Para el abogado, estos hechos no solo eran preocupantes, sino que anticipaban riesgos en un contexto donde ya se habían registrado ataques recientes, como el ocurrido en una base aérea en agosto.
Un ataque que ya estaba en el radar
El atentado del 24 de abril ocurre pocos días después de que se advirtiera sobre posibles acciones terroristas en la ciudad. En un consejo de seguridad reciente se había planteado la necesidad de reforzar medidas ante el aumento de la actividad de grupos ilegales en el suroccidente del país.
Como parte de estas decisiones, se ordenó incrementar los controles en los accesos a la ciudad y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en sectores estratégicos.
Mientras avanzan las investigaciones, la ciudad enfrenta nuevamente un clima de incertidumbre. Para muchos, lo ocurrido no solo es un hecho aislado, sino una señal de que se requieren medidas más contundentes para proteger infraestructuras clave en Cali.
