El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), investigados por su presunto rol en el direccionamiento de contratos relacionados con la UNGRD y el Invías. La decisión se conoció este 18 de diciembre de 2025, en el capítulo judicial más reciente del caso.
¿Qué decidió el Tribunal?
La determinación no es una sentencia. Se trata de una medida preventiva dentro del proceso penal, que busca asegurar fines como la comparecencia de los investigados, la protección de la investigación y la evaluación de posibles riesgos procesales. En este caso, el Tribunal dispuso que ambos exfuncionarios permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación.
Durante la audiencia, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero concluyó que, bajo el escenario expuesto por la Fiscalía, no era suficiente una restricción menos intensa. También señaló que la detención domiciliaria no estaba planteada como la opción principal, sino como una alternativa que quedaba supeditada a un análisis posterior.
Los cargos y la tesis que sostiene la decisión
Bonilla y Velasco están imputados por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. En audiencias previas, ambos rechazaron los cargos.
La tesis presentada en estrados, y que ahora sustenta la medida, es que el caso no se limitaría a irregularidades administrativas. Según la Fiscalía, habría operado un mecanismo para orientar contratos públicos como moneda de intercambio, con efectos sobre recursos del Estado y decisiones políticas. En esa lectura, el Tribunal valoró la gravedad de los cargos y el contexto: Bonilla desde una cartera ligada al manejo presupuestal, y Velasco desde un ministerio con interlocución política permanente con el Congreso.
UNGRD, Invías y las piezas bajo la lupa
El proceso se enmarca en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e incluye un capítulo relacionado con el Invías. La hipótesis apunta a que, mediante proyectos y contratación, se habría buscado incidir en apoyos de congresistas a iniciativas del Ejecutivo, incluso en dinámicas asociadas a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En el expediente también se ha mencionado una reunión descrita como "cónclave" en Casa de Nariño, del 27 de noviembre de 2023, como parte del contexto que investiga la Fiscalía. Entre los elementos valorados están declaraciones de personas ya vinculadas al caso, como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de referencias a lo dicho por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
¿Qué sigue en el proceso?
En adelante, el caso se moverá entre recursos, definiciones sobre condiciones de reclusión y la continuidad del calendario procesal. El debate de fondo (si existió o no una estructura para direccionar contratación con fines indebidos) se resolverá en el juicio, no en esta medida preventiva. En el plano institucional, la decisión eleva el costo político del caso por tratarse de dos exministros y por el cruce que plantea entre contratación pública y relación Ejecutivo-Congreso en la antesala de 2026.
