Los mercados internacionales premian la coherencia y castigan la improvisación. En momentos en que Colombia enfrenta desafíos económicos sin precedentes, enviar un mensaje de responsabilidad fiscal es vital para recuperar la confianza pérdida. Los inversionistas, las calificadoras y los organismos multilaterales observan con atención cada decisión presupuestaria, por eso, resulta incomprensible que el Gobierno insista en aumentar el gasto y con ello el déficit, justo cuando más se necesita demostrar control y credibilidad.
Un déficit desbordado no solo debilita la capacidad del Estado para sostener la inversión social, sino que incrementa el riesgo país, eleva el costo de la deuda y ahuyenta la inversión extranjera. La decisión es clara: demostrar disciplina presupuestaria y estabilidad económica o arriesgar el futuro del país transitando la peligrosa senda de gastar más allá de sus posibilidades.
La reciente propuesta del Gobierno Nacional para el Presupuesto General de la Nación 2026 refleja un giro preocupante. Apenas un mes después de haberse aprobado el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el plan financiero fue modificado para incrementar el gasto primario en $18,2 billones, situación que llevó a que el déficit primario pasara de 1,4% a 2% del PIB. Si bien es cierto que la proyección del déficit fiscal se mantiene en 6,2%, esto se debe a la reducción en lo programado para el pago de intereses de deuda. Estas decisiones, adoptadas sin ninguna explicación técnica robusta ni un contexto extraordinario que las justifique, debilitan los instrumentos de planeación fiscal y envían una señal de inestabilidad institucional.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo debe ser la hoja de ruta de la política económica del país y desconocerlo tan pronto después de su publicación, no sólo desdibuja su relevancia, sino que deteriora la confianza en el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal.
Como si fuera poco, la calificadora Moody´s redujo la calificación crediticia del país de Baa3 a Baa2 debido al deterioro proyectado de los indicadores de deuda del Gobierno.
Esto refleja la desconfianza internacional respecto a la capacidad del país para ordenar las finanzas públicas. Cuando una agencia reduce la calificación soberana, no sólo está anticipando más dificultades para pagar la deuda, sino también está enviando una alerta sobre la calidad de la política fiscal y la gobernanza económica del país. Además de esto, se suma un dato inquietante que fue revelado por el equipo de investigaciones del Banco Popular, en el que se indica que Colombia se convirtió en el sexto país del mundo con el costo de endeudamiento más alto.
Lo anterior implica, entonces, mayores costos para financiar la deuda pública, menos recursos para programas sociales y una fuerte presión para recortar gastos esenciales o, ante la negativa a tomar medidas de fondo, se decide aumentar los impuestos mediante una nueva reforma tributaria.
El incremento del déficit primario para 2026 compromete aún más el esfuerzo fiscal que deberá realizar el país en los próximos años. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este cambio implica que el Gobierno que esté en funciones en 2027 se encontrará con un panorama complejo y deberá hacer un esfuerzo fiscal mucho mayor, es decir, reducir el déficit primario en 1,7 puntos del PIB cuando se preveía una reducción de 1,1 puntos; una meta sumamente exigente que requerirá medidas extraordinarias de recorte o incremento de ingresos en medio de un ambiente tensionado.
Esto significa que, para cumplir la meta de déficit primario y retomar la senda de la regla fiscal a partir de 2028, el Gobierno tendrá que ejecutar recortes o aumentos de ingresos mucho más drásticos de lo previsto. En síntesis, en lugar de facilitar el retorno a la sostenibilidad, el actual Gobierno está agravando el desequilibrio fiscal, con consecuencias que podrían traducirse en sacrificios sociales y económicos aún mayores. Lo más preocupante es que esta carga no la asumirá este Gobierno, sino que se traslada completamente a la próxima administración, que heredará una situación caótica, donde dispondrá de menos recursos, menor margen de maniobra y mayores exigencias para cumplir metas que ya nacen comprometidas.
Frente a este panorama, es necesario pensar en el país más allá de la inmediatez, además, de actuar con sensatez y responsabilidad fiscal. La nación no puede seguir postergando las decisiones difíciles ni comprometiendo el futuro con acciones a corto plazo, la política fiscal del Gobierno no puede limitarse a esconder el polvo debajo de la alfombra, es necesario recuperar la credibilidad de la política económica, dar tranquilidad al mercado y a la ciudadanía y, para lograrlo, se requiere voluntad política, disciplina técnica y transparencia institucional. Así las cosas, existen posibilidades de superar la crisis: el país debe revisar su gasto con rigor, priorizar lo esencial y avanzar en una reforma tributaria más progresiva y eficiente.
Es hora de construir un gran pacto nacional por la sostenibilidad fiscal, en donde las metas de mediano y largo plazo no se sacrifiquen en el altar de los intereses coyunturales. Solo así se podrá garantizar un camino de estabilidad, inversión y crecimiento incluyente para las próximas generaciones.
