El caso Canal 1 y las denuncias de persecución se suman a un patrón preocupante de hostigamiento a medios críticos. Con más de 500 agresiones a periodistas en 2024, Colombia enfrenta un deterioro que pone en jaque la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.
En Colombia, la libertad de prensa siempre ha sido un terreno en disputa, atravesado por las tensiones entre el poder político, los intereses económicos y la necesidad de garantizar un espacio democrático donde todas las voces puedan ser escuchadas. Hoy, a tres años del gobierno de Gustavo Petro, esta tensión alcanza un punto crítico con el caso de Canal 1 y la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Para el gobierno se trata, en apariencia, de un asunto contractual y regulatorio; para el canal, de un acto de persecución política y un intento de silenciar una voz crítica. Lo cierto es que, en un país donde el periodismo ha pagado históricamente un alto precio por informar —con amenazas, censuras y hasta asesinatos—, cualquier señal de hostigamiento desde el Estado prende las alarmas sobre la salud de nuestra democracia.
Canal 1 denunció recientemente que el pliego de cargos presentado por la SIC vulnera la libertad de prensa y configura una persecución política. Argumenta que el proceso no responde a criterios técnicos, sino a una estrategia de presión contra un medio que no se ha alineado con la narrativa oficial. La denuncia no es menor: cuando un medio de comunicación afirma que el gobierno utiliza los resortes legales para callar voces incómodas, lo que está en juego no es un contrato ni una concesión, sino el principio democrático mismo de pluralidad informativa.
La respuesta de Petro, que sostiene que el contrato “ya llegó a su fin” y que debe abrirse licitación, resulta aún más polémica porque contradice la vigencia legal de la concesión hasta 2027, lo que refuerza la percepción de que hay un interés de fondo en debilitar la posición del canal.
Este caso se inscribe en un patrón más amplio de confrontación del actual gobierno con los medios de comunicación no afines. Desde el inicio de su mandato, Petro ha cuestionado públicamente a periodistas y medios que critican su gestión, acusándolos de parcialidad, de defender intereses económicos o de ser parte del “bloque de poder” que se opone al cambio. Esa narrativa, aunque puede rendir dividendos políticos en un electorado polarizado, erosiona la confianza en la prensa y alimenta un ambiente de hostilidad hacia quienes ejercen el oficio periodístico. El riesgo es claro: convertir la crítica en enemigo y el periodismo independiente en una amenaza que debe ser neutralizada.
Las cifras recientes refuerzan esta preocupación. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró en 2024 al menos 530 agresiones contra periodistas, un incremento respecto al año anterior, lo que demuestra que ser periodista en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo. De esas agresiones, más de 120 provinieron de funcionarios públicos, lo que muestra que el Estado, lejos de proteger a los comunicadores, en muchos casos los estigmatiza y hostiga. A ello se suman los ataques de grupos armados ilegales, que continúan intimidando a los periodistas en los territorios donde el conflicto armado y las economías ilegales persisten.
El caso de RTVC también merece atención. Bajo el discurso de fortalecer el sistema público de medios, lo que hemos visto en la práctica es una instrumentalización que lo convierte en caballo de Troya del gobierno. Las denuncias sobre la gestión de Hollman Morris y las críticas sobre la pérdida de independencia editorial han levantado sospechas de que el sistema público de radio y televisión se está usando para amplificar el mensaje oficial, reduciendo los espacios de pluralidad y diversidad que debería garantizar.
Ahora bien, los ataques contra la prensa en Colombia se inscriben, además, en un contexto de violencia más amplio. Indepaz ha advertido que en lo corrido de 2025 ya se cuentan más de 100 líderes sociales asesinados y cerca de 30 firmantes del Acuerdo de Paz. Este clima de violencia política genera un escenario en el que el periodismo independiente resulta aún más necesario, porque es el que visibiliza las agresiones, denuncia a los responsables y mantiene viva la memoria. Perseguir a la prensa en este contexto es un doble error: se golpea al mensajero cuando lo que se necesita es fortalecer su labor.
Es evidente que el gobierno Petro está caminando por una delgada línea entre la crítica legítima a los medios y el hostigamiento. Una cosa es señalar errores o sesgos, como puede hacerlo cualquier ciudadano, y otra muy distinta es activar el aparato del Estado para investigar, sancionar o debilitar a un medio que no comulga con la visión oficial. La diferencia entre crítica y persecución es crucial, y el actual gobierno parece haberla difuminado peligrosamente.
El panorama internacional también debe servir como advertencia. Colombia ha sido históricamente catalogada como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Reporteros Sin Fronteras ha incluido al país en listas de alto riesgo, y organismos como la ONU han instado a los gobiernos a fortalecer la protección a periodistas. Que hoy estemos discutiendo la posible persecución de un canal por parte del Ejecutivo no solo nos afecta internamente, sino que daña nuestra imagen en la comunidad internacional como una democracia sólida.
Como sociedad, no podemos normalizar que los gobiernos usen su poder para intimidar a la prensa. La democracia colombiana ha resistido décadas de violencia, corrupción y crisis institucionales, en buena parte gracias a la labor de periodistas que, a riesgo de su vida, han denunciado lo que muchos preferían ocultar. Silenciar esas voces no fortalece al país, lo debilita.
En conclusión, el caso Canal 1 no puede verse como un hecho aislado. Es parte de un patrón preocupante en el que los medios críticos enfrentan cada vez mayores obstáculos para ejercer su labor, mientras que el gobierno concentra sus esfuerzos en deslegitimarlos y en fortalecer sus propios canales de comunicación. La libertad de prensa está siendo erosionada por la vía de la censura indirecta y la instrumentalización institucional, lo que constituye una amenaza real a nuestro sistema democrático.
Defender la libertad de prensa no es defender a un medio en particular, ni siquiera defender al periodismo como oficio; es defender el derecho de todos los colombianos a vivir en una democracia donde las voces diversas tengan cabida. Si el gobierno Petro persiste en esta ruta de confrontación y persecución, no solo estará debilitando a la prensa, sino socavando los cimientos de la democracia que dice querer transformar.
