Un fuerte debate ha surgido luego de las explicaciones ofrecidas por Gustavo Petro y el Ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, realizado el bombardeo que ordenaron la semana pasada sobre las estructuras de a.Iván Mordisco de las FARC en Arauca y Guaviare, donde nuestras Fuerzas Militares dieron de baja 19 narcoterroristas dentro de quienes se encontraban al menos 7 menores de edad reclutados ilegalmente.
Es importante resaltar que el debate no se ha suscitado por el regreso de los bombardeos a menos de 9 meses de finalizar su período al frente de la presidencia, sino por el viraje radical de su posición en contra de los bombardeos en presencia de menores de edad, lo que le había permitido a las organizaciones criminales blindarse de este instrumento, quienes con esta razón incrementaron a cifras exponenciales el reclutamiento de menores como ha venido siendo denunciado por el Ministerio Público (la Procuraduría General de la Nación) y demás organizaciones gubernamentales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos internacionales, como UNICEF.
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado por las organizaciones criminales empezó a levantar las alarmas en los años inmediatamente posteriores a la firma del denominado acuerdo de paz (2014), junto con las que se activaron con el rápido incremento del fenómeno que la precede: el de presencia de cultivos ilícitos y producción de clorhidrato de cocaína. La denuncia inicial se hizo pública durante el Gobierno del Expresidente Iván Duque en un informe de la Procuraduría General de la Nación (2019) sobre la masiva ocurrencia de este delito en vulneración de los derechos de los menores por organizaciones criminales en pugnas por el control de rutas y áreas de cultivos de uso ilícito y de minería ilegal, luego de 94 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo entre enero y agosto de dicha anualidad, advirtiendo la prevalencia del fenómeno delictual en la tercera parte de los departamentos del país (Antioquia, Chocó, Nariño, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Cundinamarca, Casanare y Putumayo).
Un informe aún mas preocupante del ICBF y UNICEF llegó en 2023, durante el actual gobierno de Gustavo Petro -“el Gobierno del cambio”- el cual comparó las tendencias de reclutamiento de menores entre los años 2007 a 2013 -cuando los cultivos ilícitos mostraban una tendencia a su disminución- y la de los años 2013 a 2022 -período en que aumentaron dichos cultivos, especialmente después del 2014, año en que se firmó el denominado acuerdo de paz- porque el informe realizado entre los años 2013 a 2022 que demostraba el involucramiento de menores el 80% de los casos entre las edades de 13 y 17 años, en la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, o para llevar razones, mensajes o mercancías y otras labores de inteligencia o vigilancia para las organizaciones criminales, presentaba un aumento del 14% a un 34% en la población indígena y del 12% a un 17% de dicho delito en la población menor afro colombiana, siendo los departamentos que más presentaron casos Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Arauca, Meta y Putumayo; y los municipios con la más alta persistencia Tumaco (Nariño), Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).
Sorprendió el viraje radical en la postura de Gustavo Petro respecto al uso de los bombarderos en presencia de menores, si recordamos el debate contra el entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero, a quien el expresidente Iván Duque retiró de su cargo luego de confirmarse la presencia de menores de edad en un bombardeo contra estructuras de las FARC en el departamento del Caquetá en el año 2019 y las fuertes aseveraciones del entonces senador Petro “si el gobierno sabía que allí habían menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad”, pero también del entonces senador Roy Barreras, uno de los artífices del período presidencial de “la paz” de Juan Manuel Santos en que se firmó el acuerdo con las FARC y así mismo estratega del actual gobierno “de La Paz total” de Gustavo Petro, y quien hoy adelanta pre candidatura presidencial bajo la consigna de “la seguridad total”.
Y no es que ninguno de ellos desconociera la alta incidencia del delito del reclutamiento de menores entre otros por la organización narcoterrorista FARC, sino que el primero de ellos se desempeña en el cargo de Presidente de la república, esto es, supremo comandante de las Fuerzas Militares por un período mayor a 3 años, haciéndolo doblemente responsable tanto por el aumento del delito de reclutamiento de menores a manos de quienes concedió amplias ventajas militares al inicio de su gobierno, como por el abatimiento de los menores en el operativo militar de esta semana, y el elevado incremento del reclutamiento de menores que se agrava en un contexto pre-electoral, según el Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niños y niñas”.
Ninguna de sus falacias argumentativas evitará que a Gustavo Petro le sindique de su doble responsabilidad, ni aquella según la cual si no actuaba contra los jóvenes quienes avanzaban junto a 150 criminales de a.Iván Mordisco “podrían haber emboscado a 20 soldados jovenes que estaban a pocos kilómetros”, porque deberá recordar que fue él mismo quien en Diciembre de 2022 anunció un cese unilateral contra dichas estructuras a pesar de las advertencias del reclutamiento de menores. Bajo ese mismo argumento, le cabe responsabilidad directa por el actuar criminal del ELN quien recientemente se atribuyó el asesinato de 13 policías a bordo de un helicóptero de los Estados Unidos en operativo de erradicación manual de cultivos ilícitos en Amalfi (Nordeste Antioqueño).
La doble atribución de responsabilidad “por activa” que le cabe al hoy presidente de la república por el abatimiento de los menores, apreciados lectores, también le cabe “por pasiva” respecto al abatimiento de los pescadores colombianos en narcolanchas con alijos del alcaloide a manos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el teatro de operaciones contra las organizaciones narcoterroristas en el Caribe, a la luz de la directiva que firmó el presidente Trump al Pentágono en Agosto para utilizar la fuerza militar en contra de ciertos carteles de drogas latinoamericanos designados como organizaciones terroristas, en uno de los más contundentes pasos para combatir al narcotráfico que hayamos conocido nunca. No podrá escudarse entonces en que se trata de “personas pobres oriundas del caribe quienes realizan este trabajo para sobrevivir”, siendo que la única pobreza es la que esta en el cerebro de quienes piensan que la única manera de subvertir la pobreza esta en el accionar de cadenas ilícitas y no en el trabajo honesto de quienes si le apuestan a los valores democráticos y la legalidad.
*Ex director Justicia Penal Militar, Ministerio de la Defensa Nacional.
