Bogotá produce diariamente cerca de 8.000 toneladas de basura. En teoría, la ciudad debería contar con un sistema eficiente de recolección, transporte y disposición final. Pero la realidad es otra: lo que tendría que ser un servicio público básico se ha convertido en un dolor de cabeza para millones de ciudadanos y en un factor que golpea la calidad de vida urbana.
La privatización del manejo de residuos no trajo eficiencia ni modernización, como se prometió, lo que dejó fue tarifas desbordadas, fallas constantes en la operación, una planeación institucional deficiente y sanciones millonarias contra las empresas concesionarias. El balance es claro: un modelo pensado no para servir a la ciudad, sino para enriquecer a unos pocos privados.
El esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), vigente desde hace más de una década, contemplado en la caduca Ley 142 de 1994 y reglamentado por la Resolución CRA 943 de 2021, fue diseñado con la intención de organizar el servicio en zonas geográficas específicas, asignando a cada concesionario la operación exclusiva en un territorio delimitado. En teoría, las ASE respondían a tres principios básicos exigidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA): 1. Garantizar cobertura a los sectores más pobres sin disminuir la calidad del servicio; 2. Asegurar la viabilidad financiera; 3. Generar economías de escala que permitieran eficiencia operativa. Bajo estas condiciones, Bogotá dividió su territorio en cinco áreas, cada una bajo control de un operador privado.
No obstante, la realidad ha demostrado que esas promesas quedaron cortas. Entre 2020 y 2025, la interventoría a cargo del Consorcio Proyección Capital (contrato 396 de 2018), contratada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), reportó 56.769 hallazgos en la operación de las ASE. Esto equivale a más de 22 fallas diarias durante cinco años. Un panorama que refleja incumplimientos generalizados y deficiencias estructurales.
Los reportes incluyen problemas tan básicos como la recolección incompleta de residuos, daños en los contenedores, mal estado de los vehículos recolectores, falta de lavado de cestas y hasta el uso inadecuado de equipos de protección personal por parte de los trabajadores. En términos prácticos, se trata de un servicio que falla en lo más elemental: recoger la basura de manera adecuada y segura.
A su vez, el impacto en la ciudadanía ha sido considerable. Según los registros, más de 2,2 millones de bogotanos recibieron descuentos en sus facturas debido a deficiencias en la prestación, con un costo total de $138 millones, aunque esta cifra representa una compensación, no deja de ser una muestra clara de que el servicio ha sido deficiente. Las localidades más golpeadas por este panorama incluyen a Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Fontibón y Chapinero, territorios donde los usuarios conviven con calles sucias, horarios de recolección incumplidos y quejas reiteradas. El contraste es aún más evidente si se observa que algunos operadores, como Promoambiental y Lime, concentran la mayor parte de los problemas reportados.
En total, las cinco ASE acumulan un valor penal pecuniario de más de $6.000 millones por incumplimientos al contrato, que incluyen fallas operativas y administrativas como la fuga de lixiviados, infracciones en las frecuencias de recolección, barrido y limpieza, aplicación incorrecta de descuentos tarifarios, lavado de puentes peatonales, errores en el sistema de seguimiento de rutas y problemas relacionados con los requisitos del parque automotor. Estas sanciones reflejan deficiencias significativas tanto en la operación técnica como en el control de los procesos por parte de los operadores, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, la planeación de las rutas y el cumplimiento normativo para garantizar un servicio eficiente y ambientalmente responsable en la ciudad.
El golpe al bolsillo de los ciudadanos
Si los problemas operativos son evidentes, los económicos no se quedan atrás. Entre 2023 y 2024, las tarifas de barrido y limpieza en Bogotá aumentaron cerca de un 80%, tras la actualización, en dos oportunidades, del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) durante la Administración de Claudia López. El argumento fue la necesidad de incrementar las frecuencias de barrido de las vías, pero la medida se tradujo en triplicar la cantidad de kilómetros cobrados por los operadores, lo que en realidad trajo más pagos para los concesionarios sin que los ciudadanos percibieran una ciudad más limpia.
A esta situación se suma una irregularidad particularmente grave y que los concesionarios hacen sin control alguno: la mala clasificación de usuarios. Miles de ciudadanos que deberían estar registrados como residenciales aparecen en las bases de datos como comerciales o industriales, lo que implica que pagan tarifas más altas de manera injustificada. Solo en la ASE operada por Lime, se registraron más de 37 mil quejas en 2024 por este concepto, a las que se suman 11 mil adicionales solo en los primeros meses de 2025.
La consecuencia es clara, mientras los usuarios se ven obligados a asumir sobrecostos y facturas infladas, los concesionarios reciben más ingresos y la institucionalidad brilla por su ausencia en materia de defensa ciudadana. La sensación generalizada entre los ciudadanos es que el sistema está diseñado para proteger a los privados y no a la ciudadanía.
La Alcaldía Galán: mediocridad institucional y generación planificada del caos
El deterioro del modelo no es solo responsabilidad de los operadores, la UAESP, encargada de vigilar y planear la prestación del servicio, ha demostrado una preocupante ineficiencia. Desde 2024 la entidad sabía que los contratos de las ASE no podían prorrogarse sin una nueva autorización de la CRA y que estos se vencen en febrero del 2026. Aun así, presentó, al parecer con dolo, una solicitud plagada de inconsistencias técnicas y financieras, que fue rechazada en 2025 mediante la Resolución CRA 1013.
El documento de la CRA fue contundente, la UAESP no demostró que el esquema de exclusividad fuera indispensable para garantizar y ampliar la cobertura a los más vulnerables de la ciudad, presentó un modelo financiero con errores graves, incluyó en las tarifas actividades que no podían ser cobradas a los usuarios y ni siquiera solicitó las audiencias de defensa técnica a las que tenía derecho para ejercer su propia defensa. Errores graves que demuestran la intencionalidad planificada de la generación del caos en la ciudad de cara al 2026.
En dicha propuesta mal formulada, el alcalde Carlos Fernando Galán impulsó la creación de una nueva ASE, que abarcaría principalmente a las localidades del suroriente de la ciudad, donde la operación es más compleja y los índices de pobreza son más altos. Para muchos críticos, esta decisión evidencia una estrategia de favorecer a los operadores privados, trasladando a la población más vulnerable los riesgos de un sistema que ya demostró su fracaso.
Con los actuales contratos vigentes solo hasta febrero de 2026, la ciudad se enfrenta a un escenario de incertidumbre y desorganización responsabilidad de la actual Administración. Si la UAESP no logra definir un modelo viable y ajustado a la normatividad, Bogotá podría entrar en un verdadero caos en la prestación del servicio público de aseo.
Recuperar lo público es el camino
Frente a este panorama, diversos sectores hemos planteado acogernos al artículo 6 de la Ley 142 de 1993 para la prestación directa, fortaleciendo Aguas de Bogotá, empresa que ya ha demostrado capacidad en escenarios complejos. La experiencia de La Rolita en el sector transporte, donde una empresa pública asumió la operación en zonas donde los privados no entraban, es un ejemplo que hoy cobra relevancia.
Además, es importante incorporar en el modelo lo dispuesto en los Decretos 0670 de 2025 y 1381 de 2024, permitiendo la implementación del Programa Basura Cero, con un enfoque distinto al actual, fortalecimiento de la economía circular, educación ambiental, separación en la fuente, dignificación de los recicladores y cierre de vertederos irregulares. A su vez, el 1381 de 2024 modificó el Capítulo 5 del Decreto 1077 de 2015 para fijar un esquema operativo exclusivo durante 15 años para recicladores de oficio, con reconocimiento tarifario, frecuencias y condiciones de trasbordo adecuadas, además de responsabilidades para municipios, fortalecimiento técnico de los recicladores y coordinación entre prestadores motorizados y no motorizados, generando una ruta para repensar el sistema más allá de la lógica de concesionarios privados.
Bogotá puede persistir en un modelo que ha demostrado beneficiar más a los operadores que a los ciudadanos, o puede apostar por un esquema público, transparente y sostenible que priorice el interés general. Lo que está en juego no es solo la limpieza de las calles, sino la confianza en la gestión de los servicios públicos y el derecho de millones de bogotanos a vivir en una ciudad digna y justa.
