La Región Caribe, históricamente golpeada por un sistema energético ineficiente y con altas tarifas, hoy comienza a sufrir las consecuencias de las erráticas decisiones de una gestión gubernamental improvisada, sin norte y carente de planificación. El pasado 19 de marzo, el nuevo Ministro de Minas y Energía, sorprendió al país con la irresponsable propuesta de que los estratos 4, 5 y 6, junto con el sector industrial y comercial, asuman la deuda de la opción tarifaria correspondiente a los estratos 1, 2 y 3. Esta medida, que pretende saldarse en un plazo, entre 8 y 10 años, tendría serias implicaciones económicas y sociales para sectores que ya enfrentan elevados costos y una alta presión fiscal.
Actualmente, el sector energético colombiano atraviesa una grave crisis financiera. Según la ANIF, la deuda total del sistema asciende a $7,6 billones, de los cuales $3,3 billones corresponden a la opción tarifaria, $2,7 billones a subsidios impagos a usuarios de estratos 1, 2 y 3, $1 billón por deuda de entidades oficiales y $628 mil millones en servicios de gas natural. Esta situación ha puesto en riesgo la sostenibilidad de toda la cadena energética, desde generadores hasta comercializadores.
Pretender ahora que el sector industrial como el comercial y, en especial, los hogares de estrato 4, que son la clase media del país, asuman esa deuda que el Gobierno se comprometió a cubrir y a la fecha incumple, golpea la competitividad, incrementa las cargas sobre estas familias e impacta negativamente la necesaria creación de empleo. Además, resulta equivocada la visión del Gobierno al suponer que las personas de este estrato y la mayoría de las empresas y comercios cuentan con una capacidad económica suficiente para cubrir esta carga. La medida no solo desconoce la realidad fiscal de estos sectores, sino que resulta profundamente regresiva, inequitativa desde el punto de vista territorial y riesgosa para la estabilidad económica.
Una región asfixiada, una economía en riesgo:
En un contexto donde el sistema energético nacional ya presenta señales de fragilidad, esta propuesta profundiza las desigualdades territoriales y amenaza con asfixiar a sectores productivos claves para la recuperación económica. Una carga tarifaria adicional impactaría negativamente a las pequeñas y medianas empresas, limitaría la generación de empleo y elevaría aún más el costo de vida en regiones como el Caribe.
A esto se suma que, de acuerdo con la Contraloría, el 65% del consumo eléctrico nacional en 2023 correspondió a usuarios subsidiados. Si el Gobierno no cumple con los pagos, las empresas no podrían sostener ese esquema y el golpe recaería sobre todo el sistema: más tarifas, menos inversión y mayor riesgo de colapso.
El Gobierno insiste en que estratos 4, 5 y 6 asuman esta carga, como si todos estos hogares vivieran en condiciones de abundancia, nada más lejos de la realidad. Especialmente el estrato 4, la clase media trabajadora, que no accede a subsidios, paga todos los impuestos y sostiene buena parte del consumo interno. Esta medida los afectaría directamente, en medio de una inflación persistente, falta de oportunidades laborales y creciente inseguridad económica, poniéndolos en riesgo de caer en una condición de vulnerabilidad.
Antes de trasladar el costo de esta crisis al aparato productivo y a la clase media, el Gobierno debe adoptar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad sin profundizar la desigualdad. Los gremios del sector energético han propuesto una ruta técnica y viable: desembolsar los recursos adeudados, incluir los montos necesarios en el Presupuesto General de la Nación 2025, revisar los criterios de asignación de subsidios para mejorar su focalización, agilizar los proyectos de generación eléctrica y gas, así como fortalecer la generación térmica, particularmente, en la región Caribe.
Rechazar esta propuesta no solo responde a argumentos técnicos y económicos, sino también a un principio de equidad y responsabilidad institucional. El Gobierno debe actuar con seriedad, honrar sus compromisos y adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sin trasladar injustamente sus costos. La energía no puede seguir tratándose como un lujo ni convertirse en el mecanismo para cubrir los errores de gestión de un Estado que no planifica con visión ni ejecuta con sensatez.
