Esta semana, el país recibió una noticia preocupante que no puede pasar desapercibida: el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió la Línea de Crédito Flexible (LCF) que mantenía con Colombia. Aunque para muchos este tipo de noticias parecen lejanas y técnicas, la verdad es que sus implicaciones nos tocan a todos, especialmente en el bolsillo.
Esa línea de crédito era, en esencia, un seguro que respaldaba la estabilidad económica del país. No se trataba de un préstamo permanente, sino de una señal de confianza: el FMI creía en nuestra capacidad de manejar con responsabilidad nuestras finanzas públicas y honrar nuestras obligaciones. Esa confianza, construida durante años, nos permitía acceder a recursos en mejores condiciones, atraer inversión, generar empleo y mantener cierta estabilidad macroeconómica.
Hoy esa confianza se ha debilitado. El FMI ha decidido suspender el acceso a la LCF al observar con preocupación el manejo desordenado de las finanzas públicas, la falta de un plan de ajuste serio, el incumplimiento en las metas de recaudo y un aumento de la deuda sin una hoja de ruta clara. Es como cuando alguien solicita un crédito en un banco, pero no muestra cómo va a pagarlo. Simplemente, no genera confianza.
Lo más preocupante es que, en lugar de corregir el rumbo, el Gobierno ha solicitado al Congreso autorización para endeudarse por otros 5.000 millones de dólares, esta vez bajo el argumento genérico de “gestión del riesgo”. No se explica en qué consisten esos riesgos ni cómo se va a garantizar que esa nueva deuda no termine, como tantas veces, en un uso poco transparente o poco eficiente.
Desde el Congreso, y en particular desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, hemos actuado con responsabilidad para evitar que Colombia enfrente una situación crítica de cesación de pagos. Nadie quiere que lleguemos a ese punto. Pero tampoco podemos ser cómplices del desorden. Nuestro deber es exigir claridad, responsabilidad fiscal y transparencia en el uso del endeudamiento.
Los efectos de esta pérdida de confianza ya se están sintiendo: las tasas de interés suben (ya superan el 11 %), el riesgo país aumenta y los bonos de deuda colombiana podrían ser calificados como “bonos basura”, encareciendo aún más el acceso al financiamiento. Todo esto termina golpeando la economía real, menos inversión, más inflación, pérdida de empleos y un país más frágil ante choques externos.
El Gobierno tiene autonomía para manejar la economía, sí. Pero esa autonomía no puede convertirse en una licencia para improvisar. Gobernar implica tomar decisiones difíciles con responsabilidad y pensar en el largo plazo.
Lo ocurrido con el FMI no es un episodio menor. Así como lo han advertido también las calificadoras de riesgo, el mundo está dejando de confiar en cómo Colombia maneja su economía. Y cuando se pierde la confianza, se cierran las puertas. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos disciplina fiscal, institucionalidad sólida y decisiones pensadas, no reacciones impulsivas. La confianza cuesta años construirla, pero puede perderse en un instante. Y si no corregimos el rumbo, el costo lo pagaremos todos.
