Colombia viene atravesando una profunda inestabilidad institucional que está afectando tanto la gobernabilidad como la estabilidad fiscal y económica del país. En menos de dos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha realizado más de 50 cambios en su gabinete, impidiendo la consolidación de políticas públicas coherentes y sostenibles.
La situación actual es aún más preocupante: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN carecen de líderes en propiedad. El Ministerio de Hacienda ha tenido tres ministros y vamos por el cuarto. En el caso del Ministerio de Comercio, se han visto dos ministros y en este momento la cartera está en manos de una ministra encargada, que además debe responder por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente, la DIAN, la entidad encargada de cumplir con las metas de recaudo, ha tenido dos directores en propiedad y ahora tiene un director encargado, de quien ni siquiera sabemos si continuará en esa entidad.
Pareciera que el presidente Petro no dimensiona la importancia de estas entidades en el diseño y ejecución de las políticas económicas y fiscales y que la falta de liderazgo genera un vacío de poder que alimenta la incertidumbre en los mercados y aleja a los inversionistas.
No es un cuento, las señales de alerta ya son evidentes. La agencia Fitch Ratings mantuvo la calificación de Colombia en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa, reflejando preocupaciones sobre la estabilidad económica del país. Esta revisión también afectó a empresas públicas como ISA y EPM, incrementando sus costos de financiamiento y afectando su capacidad de inversión.
A esto se suma el comportamiento reciente del dólar, que ha mostrado una tendencia al alza. Aunque el incremento ha sido sutil, vuelve a encender las alarmas ante el riesgo de una devaluación similar a la ocurrida en 2022, cuando el presidente Petro asumió el cargo y promovió su reforma tributaria. Hay que recordar que una moneda débil encarece las importaciones y puede aumentar la inflación, afectando directamente el bolsillo de todos los colombianos.
Otro dato preocupante es la caída de la inversión extranjera directa, la cual en 2024 disminuyó un 15,2%, totalizando US$14.234 millones, según el Banco de la República. Esta tendencia a la baja se ha mantenido en los últimos dos años, golpeando sectores claves como minería, petróleo y manufacturas.
Es claro que la ausencia de liderazgo en carteras estratégicas envía un mensaje de debilidad institucional a inversionistas, empresarios y ciudadanos. Sin claridad en las políticas económicas y fiscales, la confianza en la economía se erosiona, limitando el crecimiento y el desarrollo del país. Y esto inevitablemente tendrá repercusiones en el recaudo fiscal, porque hay que recordar que el Estado no genera riqueza, solo recauda y distribuye para disminuir la igualdad. Es decir que si la economía no crece, los ingresos tributarios disminuyen, y con ellos, los recursos para inversión social.
Es urgente que el Gobierno nombre a los responsables de estas carteras con una hoja de ruta clara y confiable. Pero más allá de eso, es fundamental que los deje actuar y aunque no le guste sus decisiones debe recordar que lo más importante es la responsabilidad con el país de hoy y con el de los siguientes años. La estabilidad fiscal y económica de Colombia no puede depender de la improvisación política. La confianza de los mercados y la atracción de la inversión extranjera son fundamentales para el desarrollo sostenible del país.
La improvisación tiene un costo, y en este caso, lo estamos pagando todos.
