32 años han tenido que pasar para que un Gobierno Nacional planteara, con fundamentos técnicos y jurídicos, los lineamentos ambientales para ordenar un territorio de interés ecológico nacional como lo es la Sabana de Bogotá que, además, cuenta desde el año 93 con una taxativa priorización legal del uso de su suelo para actividades agropecuarios y forestales. Compuesta por 40 municipios, en una extensión de 580.000 hectáreas y habitada por millones de formas de vida, donde más de 10 millones son vidas humanas, la Sabana de Bogotá enfrenta hoy un nuevo desafío en el marco de la defensa de su integridad ecológica y la necesaria adaptación a las nuevas realidades climáticas.
Esta vez, el ‘Florero de Llorente’ fue la publicación del documento borrador de resolución de lineamientos que, a pesar de llevar meses preparándose con participación de distintos actores públicos y privados interesados en el tema, desató la ira de un sector minoritario, pero extremadamente poderoso, que no dudo en usar todas sus capacidades económicas, de influencia mediática y poder político porque vio amenazado su deseo codicioso por una serie de medidas que, si se revisan con detalle, están plenamente justificadas; no interfieren radicalmente en los proyectos de urbanización que ya se adelantan en la Sabana, y en cambio sí garantiza medidas urgentes para proteger sus ecosistemas, así como la vocación agropecuaria y forestal que debió priorizarse por mandato legal sobre la urbanización.
Los gobiernos anteriores, a pesar de contar con las capacidades técnicas y estar en medio de una crisis climática declarada por parte de la comunidad científica mundial, decidieron mirar hacia un costado y no asumir el mandato legal de las leyes 99 de 1993 y 2294 de 2023 que exigían para la protección de la Sabana de Bogotá la formulación urgente de los lineamientos para su ordenamiento ambiental. Esta desidia de los gobiernos nacionales, por más de 3 décadas, incumpliendo mandatos constitucionales y legales expresos, solo se explica, como en general sucede con la negligencia de la clase política tradicional, si se observa en últimas los intereses económicos que se benefician, es decir, los de aquellos personajes que manejan las chequeras de los políticos de turno. Para nadie resulta un secreto que los oligopolios financieros, de la construcción y del mercado inmobiliario, tienen jugosos negocios (actuales y proyectados) que dependen de la expansión urbana de Bogotá y sus municipios aledaños en la Sabana. El volteo de tierras, por ejemplo, es solo la punta del iceberg de un proyecto más monstruoso que, de consolidarse, no solo devorará los recursos de su área de influencia más próxima, sino que consumirá también los de municipios más lejanos e incluso departamentos pertenecientes a cuencas hidrográficas poco relacionadas con la de nuestra Sabana.
Este delirio desarrollista va en contra del más básico sentido común, por fortuna, el Ministerio de Ambiente, además en un ejercicio muy juicioso de escucha a lo largo de varios meses, planteó técnicamente la problemática y las soluciones con un criterio preciso que buscó conciliar las dinámicas sociales y económicas que hoy existen en la ciudad con el objetivo de replantear gradualmente algunas dinámicas de desarrollo evitando traumatismos a las actividades económicas, rupturas con el régimen de ordenamiento territorial y, por supuesto, emulando medidas consecuentes con el contexto actual, pero rechazando aquellas inviables o, incluso, abiertamente contrarias a las disposiciones constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, ante la falta de argumentos, se acudió a la mentira y la propaganda.
Una perorata de pos-verdades fabricadas en tiempo récord y con protagonistas como el Alcalde Galán no tardaron en dar frutos; una magistrada de la República suspendió el trámite de expedición de esta resolución sin más argumentos que los reclamos del Distrito por no sentirse recogidos en lo que proponen los lineamientos. Para esto no bastaron las mentiras: “que la resolución pondría en riesgo proyectos claves para la movilidad y el desarrollo de Bogotá como la Línea 1 del metro, el Regiotram de occidente, la troncal de la calle 13 y la ampliación del aeropuerto El Dorado, entre otras”. Aunque nada de esto fuera cierto, las mentiras fueron replicadas como justas preocupaciones por los grandes medios.
Somos conscientes de los contubernios estratégicos entre políticos, jueces, periodistas y las élites económicas; hemos atestiguado su firme alianza en varios escenarios en los que luchamos contra la pesadilla neoliberal. No obstante, en materia ambiental la reacción del gran capital se hace cada vez más virulenta y más débil técnicamente, pues luchar contra los hechos ambientales y ecosistémicos es casi contra intuitivo. Por ejemplo, hoy las autoridades distritales no pueden garantizar agua potable de manera permanente a los habitantes de la ciudad, por el estrés hídrico que sufre la ciudad, sin embargo, en ese mismo contexto la Alcaldía Mayor defiende el desarrollo de obras de endurecimiento varios humedales de la ciudad que corren un grave riesgo de desaparecer.
Una buena pregunta que puede ayudar a entender los motivos de estos sectores de la economía especulativa de la construcción, el endeudamiento y el mercado inmobiliario es: ¿para quienes se está construyendo la ciudad-región? La respuesta es que obviamente no para quienes tienen necesidades urgentes de vivienda o equipamientos, sino más bien resulta de una proyección de inversores en finca raíz que compran vivienda no para habitar, sino para rentar. La vivienda que hoy se vende en la Sabana de Bogotá tiene incrementos superiores al incremento de los salarios de quienes habitan el territorio, es decir, muy pocas posibilidades tienen la mayoría de los habitantes de los municipios de la Sabana y de Bogotá de adquirir la vivienda que actualmente se desarrolla. Lamentablemente, la sensatez no prima cuando hay mucho dinero en juego.
Finalmente, en materia de participación (principal argumento de Galán para oponerse a la expedición de la resolución) hay que señalar algunos datos importantes que debieron ser revisados por la magistrada Villamizar antes de la desbocada decisión que tomó: en septiembre de 2023 se realiza la primera Asamblea de la Sabana de Bogotá con más de 600 personas, a partir de ese momento se realizan más de 33 mesas de las cuales, al menos 7 contaron con la participación del Distrito; así pues, esto es un ejemplo perfecto de qué participación sí existió y que el problema real es que el documento borrador no brindó respuestas convenientes a los intereses del gran capital urbanizador. Seguramente, si se revisan las actas y metodologías de cada una de las mesas y encuentros, encontraremos recogidas, en buena medida, las preocupaciones de las personas que participaron. Claro, ningún proceso participativo en democracias tan débiles y burocráticas como la nuestra es perfecto; no obstante, aquí el desencadenante de fondo fue que el documento que estaba listo para el debate tenía alta solides técnica y, en consecuencia, no tuvo más recurso Galán y sus socios que recurrir al saboteo para ganar tiempo. En el fondo ellos saben, y nosotros también lo vemos así, que los argumentos están de nuestro lado y en el de ellos solo queda la ambición de los portentosos negocios de la especulación de la tierra en la Sabana de Bogotá.
