La Fiscalía General de la Nación imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento preventivo en centro especializado para menores en contra del joven de 16 años quien aceptó ser el presunto responsable de la muerte de una menor de seis años en el municipio de Mapiripán, Meta.
Los hechos sucedieron el pasado sábado, 24 de noviembre, cuando encontraron a la menor, que se encontraba desaparecida desde hace varios días, sin vida en el río Guaviare. La niña fue identificada como Erika Tatiana González y fue encontrada dentro de unas bolsas plásticas.
El aparente responsable de la muerte de la pequeña, validaba grado sexto y séptimo en el colegio del municipio y pese a no tener ningún vínculo familiar a la víctima, sí era reconocido, además testigos aseguraron que eran cercanos.
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Según los primero resultados de las investigaciones, la menor habría fallecido ahorcada. Su victimario aprovecharía ser amigo de un familiar para convencerla de acompañarlo, el pasado viernes hacia las 8:00 p.m., hasta un lugar solitario donde le tocó sus partes íntimas y le quitó la vida.
La menor se encontraba jugando con sus amigos y solo hasta que sus padres regresaron se dieron cuenta de su desaparición. Hasta las 10:00 p.m. la madre puso en conocimiento a la Policía que su hija no estaría en la casa.
Según informaron testigos, se logró la aprehensión de tres personas, entre ellos el joven de 16 años, a quienes llevaron a la estación de Policía de Mapiripán, donde la comunidad empezó a protestar por el suceso atroz. El adolescente confesó ser el responsable de los hechos ante un defensor de la familia, un defensor público y un fiscal. También expresó que los otros dos implicados no tenían nada que ver con la muerte de la menor. Sin embargo, este lunes, fue presentado por un fiscal de Infancia y Adolescencia de San José del Guaviare ante un juzgado de menores que le imputó los cargos de feminicidio agravado en concurso con acto sexual abusivo. El joven aceptó los cargos y fue conducido a un centro de menores bajo la medida de internamiento preventivo y podría pagar hasta 23 años de prisión.
