El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este martes que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, recursos que, según la Casa Blanca, serían clave para iniciar la reconstrucción de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
Ventas por 1.000 millones y nuevos acuerdos por 5.000 millones
En declaraciones a medios estadounidenses, Wright precisó que hasta el momento se han vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en crudo, y recientemente se firmaron acuerdos para comercializar otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses.
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“Estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año”, afirmó el funcionario.
Las declaraciones se dan en el marco de una cooperación energética sin precedentes entre Estados Unidos y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la captura de Maduro.
En este contexto, Washington asumió el control de las exportaciones de crudo venezolano y la gestión de sus ingresos.
Wright sostuvo que este “enorme volumen de ingresos”, una vez transferido a Caracas bajo supervisión estadounidense, podría servir para “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.
Impacto en Estados Unidos
El secretario destacó además que el crudo venezolano incluye un tipo específico de petróleo para el cual fueron construidas refinerías estadounidenses en la década de 1970, lo que también beneficiaría al mercado interno de Estados Unidos y abarataría productos como el asfalto para obras públicas.
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“Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia del presidente Donald Trump completamente fuera de lo convencional”, señaló.
Este proceso forma parte de una agenda más amplia impulsada por la administración de Rodríguez, que contempla modificaciones a la legislación petrolera para permitir inversión privada extranjera y la radicación de una ley de amnistía, con el objetivo de redefinir el rumbo económico y jurídico del país.
*Hecha con información de EFE*
