La administración de Donald Trump habría pedido a fiscales federales en Miami no avanzar en posibles investigaciones penales contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. La revelación de AP abre un nuevo frente político y judicial en medio del acercamiento entre Washington y Caracas.
El giro de Washington frente a Delcy Rodríguez
El Gobierno de Donald Trump habría instruido de forma discreta a fiscales federales en Miami para evitar investigaciones criminales contra Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela y una de las figuras más influyentes del chavismo. La información fue revelada por la agencia AP, que citó a funcionarios y exfuncionarios de seguridad de Estados Unidos.
La decisión, según el reporte, se habría tomado para no afectar los esfuerzos de la Casa Blanca por estabilizar la relación con Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York. Sin embargo, no está claro si Rodríguez había sido implicada formalmente en algún delito ni si los investigadores estaban cerca de presentar una acusación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que existiera una investigación activa contra Rodríguez que pudiera ser cerrada. Esa precisión es clave: AP no afirma que la dirigente venezolana haya sido acusada penalmente, sino que su nombre habría aparecido durante años en registros e indagaciones de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.
De acuerdo con documentos revisados por AP, Rodríguez habría estado en el radar de autoridades federales desde al menos 2018. Esos registros incluirían señalamientos relacionados con presunto narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro, aunque ninguno de esos elementos ha derivado en cargos públicos contra ella en Estados Unidos.
¿Quién es la dirigente venezolana bajo la lupa?
Delcy Rodríguez es abogada, diplomática y política venezolana. Fue una figura cercana a Hugo Chávez y luego se convirtió en una de las principales funcionarias de Nicolás Maduro. Antes de asumir como presidenta interina, fue canciller, vicepresidenta ejecutiva y también tuvo responsabilidades en áreas económicas y petroleras.
Su ascenso al poder se produjo tras la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Desde entonces, Rodríguez quedó en el centro de una transición marcada por presiones internas, tensiones institucionales y el interés de Washington en reabrir canales políticos y económicos con Caracas.
El cambio de tono también se ha visto en el terreno de las sanciones. En abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos retiró a Rodríguez de la lista de personas sancionadas, una medida que le permite moverse con mayor margen frente a bancos, inversionistas y empresas internacionales.
Ese contexto explica por qué la presunta orden a los fiscales genera ruido en Washington. Para críticos de la administración Trump, el caso plantea dudas sobre si la política exterior está influyendo en decisiones que deberían depender de pruebas, fiscales y criterios judiciales.
La Casa Blanca no ha aclarado públicamente si participó directamente en la instrucción mencionada por AP. Por ahora, el punto central sigue abierto: Rodríguez no enfrenta cargos penales en Estados Unidos, pero la revelación muestra cómo su papel pasó de estar bajo sospecha a convertirse en pieza clave del nuevo tablero entre Washington y Caracas.
Lo que sigue será la respuesta del Gobierno estadounidense frente a los cuestionamientos políticos, el alcance real de las pesquisas mencionadas por AP y la forma en que este giro impacte la relación con Venezuela, en momentos en que aún hay dudas sobre el calendario político y el futuro institucional del país.
