El Gobierno de Donald Trump arremetió este lunes con nuevas sanciones contra Brasil, que avisó que tales "injerencias" no lograrán su objetivo de "beneficiar" a los condenados por golpismo, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.
La crisis diplomática entre ambos países sumó un nuevo capítulo después de que la Administración Trump sancionara a la esposa del juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del juicio por el que Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de prisión.
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Aplicación de la Ley Magnitsky
Como ya hizo con el propio magistrado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. encuadró a su esposa, Viviane Barci, en la Ley Magnitsky, que la potencia norteamericana aplica a personas acusadas de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
A partir de ahora, De Moraes y su esposa tendrán congelados los bienes que posean en suelo estadounidense y enfrentarán restricciones financieras.
"Estas sanciones se suman a una serie de medidas para responsabilizar a Moraes por abusar de su autoridad, crear un sistema de censura, atacar a opositores políticos y cometer violaciones de derechos humanos", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
Rubio concluyó su declaración con un aviso: "Quienes protegen y facilitan a actores extranjeros malignos como Moraes amenazan los intereses de EE.UU. y también serán responsabilizados".
Repercusiones inmediatas
También este lunes, el abogado del Estado brasileño, Jorge Messias, confirmó que el Gobierno Trump le suspendió el visado para ingresar a Estados Unidos.
Fuentes del Gobierno brasileño enmarcaron esa decisión en el paquete de represalias adoptadas por EE.UU. tras el proceso por golpismo contra Bolsonaro, aliado del mandatario republicano y en prisión domiciliaria desde agosto.
El 11 de septiembre, el líder ultraderechista brasileño fue condenado a veintisiete años y tres meses de cárcel por "liderar" una trama golpista con exministros y militares, tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La fase final del juicio estuvo marcada por las presiones de Trump para archivarlo y defender a su aliado, al que define como "un buen hombre" víctima de una "caza de brujas".
El mandatario republicano ya había impuesto aranceles del 50 % a productos brasileños y revocó visados a varias autoridades del país.
Antes del abogado del Estado, la Administración Trump había aplicado restricciones a varios jueces del Supremo, al fiscal general Paulo Gonet, y a los ministros Ricardo Lewandowski (Justicia) y Alexandre Padilha (Salud).
Respuesta oficial de Brasil
La Cancillería brasileña expresó su "profunda indignación" y definió las sanciones como un "nuevo intento de injerencia indebida".
El comunicado resaltó que usar la Ley Magnitsky es "una ofensa" a los 201 años de amistad entre ambos países y supone desvirtuar el espíritu del dispositivo, "como ya lo expresó su coautor, James McGovern".
"Este nuevo ataque a la soberanía brasileña no logrará su objetivo de beneficiar a quienes lideraron el fallido intento de golpe de Estado (...) Brasil no se doblegará", añadió la nota.
La Corte Suprema brasileña calificó de "injusta" la sanción a la esposa de De Moraes y reafirmó que el juicio a Bolsonaro respetó el debido proceso con transparencia.
La Justicia sigue su curso
En paralelo a esta tensión, la Fiscalía brasileña presentó una denuncia penal contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exgobernante, por intentar coaccionar a la Justicia.
Según el Ministerio Público, Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en EE.UU. desde marzo, intentó interferir en el juicio incentivando al Gobierno de Trump a sancionar a Brasil.
La Policía Federal también presentó cargos contra Bolsonaro, pero la Fiscalía decidió no incluirlo en la querella por ahora.
El que sí fue acusado, junto a Eduardo, fue el bloguero Paulo Figueiredo, nieto del general João Figueiredo, último presidente militar de Brasil (1964-1985), por apoyar esas gestiones.
Todo esto sucede mientras el partido de Bolsonaro promueve en el Parlamento una amnistía para los condenados por golpismo y el presidente Lula participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
